[Qui-deu-a-qui] acción urgente - denuncia situación paraguay

[luisgonzalez en moviments.net]

*From:* Rica Garcia <mailto:rica en descweb.org>
*To:* Lista Distribucion Campaña 2005 <mailto:deuda-2005 en moviments.net> 
; qui-deu-a-qui en moviments.net <mailto:qui-deu-a-qui en moviments.net>
*Sent:* Wednesday, May 12, 2010 2:17 PM
*Subject:* acción urgente - denuncia situación paraguay

 

Os escribimos para pedir *vuestra adhesión a la siguiente acción de 
denuncia respecto a la grave situación que vive Paraguay* .

 

Desde el dia  24 de abril de 2010 se ha  declarado el estado de 
excepción en varios departamentos del país (Concepción, San Pedro, 
Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes);  en virtud de esta norma se 
autoriza al Presidente de la República a disponer el empleo de las 
Fuerzas Públicas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional . *Los movimientos 
campesinos del país están denunciando esta decisión por su 
inconstitucionalidad y por agravar aún más  las condiciones de 
vulneración de los derechos que viene sufriendo la población  
campesina*,  así como la criminalización de sus movimientos sociales 
(ver adjunto comunicado organizaciones campesinas e indígenas paraguayas)

 

Por ello, *solicitamos la adhesión de vuestras organizaciones a las 
cartas siguientes*, para pedir que tanto la Unión Europea como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronuncien públicamente sobre la 
situación , para que se reestablezca la normalidad democrática y se 
garantice el Estado de Derecho para la población .

 

Pedimos que las organizaciones que quieran sumarse a esta acción,  *nos 
envíen su firma antes mañana jueves a las 12hrs (enviar correos a 
Florence Kroff:** **florence en fian.be**)*. Con todas las adhesiones , 
 esperamos poder presentar además la solicitud a las autoridades con 
motivo de la  Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas en Madrid.

 

Muchas gracias !

 
CLOC/ VIA CAMPESINA
FIAN
Observatorio de Derechos Humanos - ODESC

*Tres documentos:*

*- Carta Comisión Interamericana DDHH *

*- Carta Solicitud UE*

*- Comunicado Organizaciones campesinas*

* *

=====================================

 

Felipe González

Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

1889 F Street, N.W.

Washington, D.C., 20006

U.S.A.

Barcelona/España, 10 de mayo de 2010



Estimado Sr. González,

Las organizaciones españolas y las redes internacionales abajo 
firmantes, nos dirigimos a

ustedes para expresar nuestra profunda preocupación por la grave 
situación actual en

Paraguay.

El día 24 de abril de 2010 se declaró por Ley 3.994/2010 el estado de 
excepción, por un

plazo de 30 días, en los Departamentos de Concepción, San Pedro, 
Amambay, Alto

Paraguay y Presidente Hayes. El supuesto motivo para adoptar esta medida 
fue la necesidad

de combatir a un grupo armado. Sin embargo, esta ley es inconstitucional 
e inapropiada en

las presentes circunstancias, ya que no se dan las condiciones 
establecidas en la Constitución

Nacional para declarar el estado de excepción. En vista de los rumores 
de que sectores

golpistas buscan tomar el poder, esta situación es alarmante.

Desde el golpe de Estado de 1989, se ha desarrollado un patrón 
sistemático de abuso de la

fuerza, arbitrariedad policial y criminalización de las luchas sociales 
que buscan estructuras

equitativas de distribución de tierras, recursos materiales y culturales 
en Paraguay. El

/Informe Chokokue/, publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos 
del Paraguay

(CODEHUPY), denuncia 75 ejecuciones arbitrarias y 2 desapariciones 
forzosas de dirigentes

y miembros de organizaciones de trabajadores rurales entre febrero de 
1989 y junio de 2005.

También el Gobierno actual, en lugar de luchar efectivamente contra las 
diversas formas de

criminalidad existentes, fomenta políticas de represión y 
criminalización de la lucha social.

La brutalidad policial sigue siendo una práctica usual en los desalojos 
a comunidades

campesinas, así como la represión violenta a las manifestaciones y 
protestas, sobre todo del

movimiento campesino.

Sólo a modo de ejemplo, cabe mencionar el encarcelamiento ilegítimo de 
Ramón Giménez,

dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), por ejercer 
el derecho a la

protesta, la brutal represión policial llevada a cabo el 20 de junio de 
2009 en el

asentamiento Curupayty y el asesinato de varios miembros de 
organizaciones campesinas en

2008 y 2009.

El estado de excepción declarado, que suspende el libre ejercicio de 
algunos derechos de los

ciudadanos y autoriza al Presidente a disponer del empleo de las Fuerzas 
Públicas, Fuerzas

Amadas y la Policía Nacional, sólo aumenta el margen de arbitrariedades 
contra los derechos

de los miembros de comunidades campesinas e indígenas y acentúa el 
hostigamiento a las

organizaciones de trabajadores/as rurales. La presencia militar y 
policial en los

departamentos afectados crece día a día, aumentando la inseguridad y el 
temor de las

comunidades. En numerosas zonas, las personas tienen temor de salir a 
las calles a partir de

las 18 hs y reina un toque de queda de hecho. Además, se han denunciado 
casos de maltrato

por parte de policías y militares que controlan documentos personales y 
vehículos. Por

último, cabe mencionar que se ha instalado un contingente militar a 
pocos metros de la

comunidad indígena Sawhoyamaxa en Pozo Colorado. Al mismo tiempo, el Estado

paraguayo continúa incumpliendo la condena de la Corta Interamericana de 
Derechos

Humanos que ordenó la devolución de sus territorios a esta comunidad.

Por todo lo expuesto, llamamos al sistema de la Comisión Interamericana de

Derechos

Humanos a dar un seguimiento cercano a todo lo que ocurre actualmente en

Paraguay, en especial, en los cinco departamentos afectados por el estado de

excepción, sus poblaciones, comunidades y organizaciones. Le solicitamos

asimismo adoptar las posturas institucionales y medidas cautelares y de

supervisión pertinentes a dicho efecto, en el ámbito de sus competencias.

Atentamente,

*Organizaciones firmantes:*

- Observatorio DESC

- FIAN Internacional

- CLOC/Via Campesina

-



Anexo: Comunicado de organizaciones campesinas e indígenas del Paraguay 
sobre el estado

de excepción declarado en el país - Asunción, 4 de mayo de 2010

c/copia a:

? Fernando Lugo, Presidente de la República del Paraguay

Palacio de Gobierno

El Paraguayo Independiente e/ O'Leary y Ayolas

Asunción

Paraguay

ercigigo en hotmail.com

? Embajada de España en Asunción - Paraguay

Edificio S. Rafael, 5.ª y 6.ª plantas.

Calle Yegros, 437

Asunción

Paraguay

embesppy en correo.mae.es

 

*==========================*

* *

Madrid 10 de mayo de 2010.

Sr.

José Luis Rodríguez Zapatero

Presidente del gobierno de España

y presidente pro témpore de la Unión Europea

Sra.

Catherine Asthon

Vicepresidenta de la Comisión Europea y

Responsable de la Política Exterior de la Unión Europea.

Ref: Solicitud de pronunciamiento urgente de la Unión Europea ante el 
estado de

excepción declarado en Paraguay



Las organizaciones españolas y las redes internacionales abajo 
firmantes, nos dirigimos a

ustedes con relación con la grave situación actual en Paraguay.

El día 24 de abril de 2010 se declaró por Ley 3.994/2010 el estado de 
excepción, por un

plazo de 30 días, en los Departamentos de Concepción, San Pedro, 
Amambay, Alto

Paraguay y Presidente Hayes. El supuesto motivo para adoptar esta medida 
fue la necesidad

de combatir a un grupo armado. Sin embargo, esta ley es inconstitucional 
e inapropiada en

las presentes circunstancias, ya que no se dan las condiciones 
establecidas en la Constitución

Nacional para declarar el estado de excepción. En vista de los rumores 
de que sectores

golpistas buscan tomar el poder, esta situación es alarmante.

Desde el golpe de Estado de 1989, se ha desarrollado un patrón 
sistemático de abuso de la

fuerza, arbitrariedad policial y criminalización de las luchas sociales 
que buscan estructuras

equitativas de distribución de tierras, recursos materiales y culturales 
en Paraguay. El

/Informe Chokokue/, publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos 
del Paraguay

(CODEHUPY), denuncia 75 ejecuciones arbitrarias y 2 desapariciones 
forzosas de dirigentes

y miembros de organizaciones de trabajadores rurales entre febrero de 
1989 y junio de 2005.

También el Gobierno actual, en lugar de luchar efectivamente contra las 
diversas formas de

criminalidad existentes, fomenta políticas de represión y 
criminalización de la lucha social.

La

brutalidad policial sigue siendo una práctica usual en los desalojos a 
comunidades campesinas,

así como la represión violenta a las manifestaciones y protestas, sobre 
todo del movimiento

campesino.

Sólo a modo de ejemplo, cabe mencionar el encarcelamiento ilegítimo de 
Ramón Giménez,

dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), por ejercer 
el derecho a la

protesta, la brutal represión policial llevada a cabo el 20 de junio de 
2009 en el

asentamiento Curupayty y el asesinato de varios miembros de 
organizaciones campesinas en

2008 y 2009.

El estado de excepción declarado, que suspende el libre ejercicio de 
algunos derechos de los

ciudadanos y autoriza al Presidente a disponer del empleo de las Fuerzas 
Públicas, Fuerzas

Amadas y la Policía Nacional, sólo aumenta el margen de arbitrariedades 
contra los derechos

de los miembros de comunidades campesinas e indígenas y acentúa el 
hostigamiento a las

organizaciones de trabajadores/as rurales. La presencia militar y 
policial en los

departamentos afectados crece día a día, aumentando la inseguridad y el 
temor de las

comunidades. En numerosas zonas, las personas tienen temor de salir a 
las calles a partir de

las 18 hs y reina un toque de queda de hecho. Además, se han denunciado 
casos de maltrato

por parte de policías y militares que controlan documentos personales y 
vehículos.

Ante esta situación, instamos a la Unión Europea a que condene el Estado de

Excepción declarado en Paraguay por su inconstitucionalidad y por 
agravar las

condiciones de vulneración de derechos que sufre la población campesina así

como la criminal ización de sus movimientos sociales. Así mismo, 
solicitamos que

tome las medidas a su alcance para que en cumplimiento con sus compromisos

internacionales, se restablezca la normalidad democrática en el país y el

Gobierno paraguayo garantice el Estado de derecho para la población.

Atentamente,


- Observatorio DESC

- FIAN Internacional

- CLOC/Via Campesina

-



Anexo: Comunicado de organizaciones campesinas e indígenas del Paraguay 
sobre el estado

de excepción declarado en el país - Asunción, 4 de mayo de 2010

c/copia a:

Embajada de España en Asunción - Paraguay

Edificio S. Rafael, 5.ª y 6.ª plantas.

Calle Yegros, 437

Asunción

Paraguay

embesppy en correo.mae.es

 

*=======================*

* *

COMUNICADO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS DEL

PARAGUAY

SOBRE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DECLARADO EN EL PAÍS

/Asunción, 4 de mayo de 2010/

Las Organizaciones Campesinas e Indígenas que suscribimos este 
documento, ponemos a

conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, en especial 
de los Organismos de

Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 
de la

Organización de Estados Americanos, los siguientes hechos que vulneran y 
amenazan los

derechos de nuestras comunidades:

Por Ley 3.994, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el 
Poder Ejecutivo en fecha

24 de abril de 2010, se declaró el Estado de Excepción en los 
Departamentos de Concepción, San

Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes. El mismo se extiende 
por el plazo de treinta

(30) días; y en virtud de esta norma se autoriza al Presidente de la 
República a disponer el empleo

de las Fuerzas Públicas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conforme la 
Ley 1337/99 "De

Defensa Nacional y Seguridad Interna".

POR QUÉ RECHAZAMOS LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN

? Las causas establecidas por el artículo 288 de la Constitución 
Nacional para declarar el estado

de excepción no se encuentran dadas, no existe conflicto armado 
internacional, ni grave

conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de la 
Constitución o el

funcionamiento regular de los órganos creados por ella.

? Existen personas que cometen actos criminales, ya sea vinculados a las 
históricas mafias que

operan en el país, ligadas al tráfico de drogas ilegales, armas, 
falsificaciones; así como

criminales que cometen hechos punibles graves, todas las cuales deben 
ser aprehendidas y

procesadas conforme el régimen penal ordinario.

? Como bien ha señalado la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 
(CODEHUPY) al

manifestarse sobre la inconstitucionalidad de esta declaración de estado 
de excepción, las leyes

vigentes confieren amplios poderes a policías y fiscales para 
investigar, detener, enjuiciar y

sancionar a los responsables de delitos y crímenes; estando los órganos 
de seguridad del Estado

conformados por más de 50.000 personas para controlar la criminalidad 
común organizada.

? La Ley 3.994/2010 es inconstitucional porque no especifica en forma 
suficiente las razones y

hechos que se invocan para su adopción; tampoco se especifican con 
claridad cuáles son los

derechos restringidos por esta medida. A su vez, contraría el artículo 
288 de la CN que establece

que "en todos los casos las personas indiciadas durante el Estado de 
excepción tendrán la opción

de salir del país"; lo cual refuerza aún más lo inapropiado de la 
adopción de esta medida en las

presentes circunstancias.

? Existe un claro intento desestabilizador del proceso democrático, 
buscando lograr el juicio

político que destituya al Presidente Lugo. Con esta declaración de 
estado de excepción, el

Parlamento pretende obligar al Ejecutivo a presentar "resultados" en el 
plazo de un mes en la

lucha contra un grupo armado autodenominado "Ejército del Pueblo 
Paraguayo", compuesto

según las autoridades competentes por aproximadamente una decena de 
personas. Si los

resultados "no satisfacen las expectativas", según los criterios de 
estos sectores golpistas,

tendrían una excusa más para su objetivo de volver a controlar el Poder 
Ejecutivo como lo

vinieron haciendo por seis décadas hasta abril de 2008.

? La derecha autoritaria, mayoritaria en el Parlamento, busca debilitar 
las luchas de las

organizaciones y movimientos sociales, para impedir que los sectores 
democráticos y

progresistas puedan consolidarse como sujetos políticos relevantes. En 
el marco de esta ofensiva

de la reacción, se plantea volver a tratar en el Senado en fecha 6 de 
mayo el proyecto de ley

antiterrorista que en dos ocasiones -en el 2002 y en el 2007- fue 
rechazado como resultado de la

amplia movilización y presión popular, pues el proyecto por la forma de 
tipificar los delitos,

podría contribuir a legalizar una mayor represión y criminalización de 
la lucha y la protesta

social en el país.

? Desde el golpe de Estado de 1989, con la profundización de un modelo 
económico productor de

pobreza, destrucción del ambiente y expulsión de las comunidades 
campesinas e indígenas de

sus territorios, se ha desarrollado un patrón de represión contra las 
organizaciones que

representamos a estas comunidades, como forma de intentar controlar el 
conflicto social que

producen estas estructuras injustas de distribución de tierras, recursos 
materiales y culturales.

Esta actuación represiva y contraria a los intereses sociales de las 
fuerzas públicas ya en tiempos

de apertura política, se suma a una memoria colectiva presente en 
numerosas comunidades

respecto de los crímenes cometidos por las fuerzas militares y 
policiales durante los 35 años de

dictadura stronista.

? En este contexto, el actual Ministerio del Interior del Poder 
Ejecutivo, lejos de mostrar

efectividad en la lucha contra las diversas formas de criminalidad 
existentes, ha mostrado signos

de continuidad con las políticas ilegales de criminalización de las 
luchas sociales; iniciadas por

gobiernos anteriores, e implementadas a través de la Fiscalía General 
del Estado, el Poder

Judicial y las Fuerzas Públicas.

? No podemos dejar de señalar el papel "terrorista" cumplido por la 
prensa empresarial,

tergiversando informaciones, generando verdaderas campañas en contra de 
los movimientos

sociales, en especial del movimiento campesino e indígena; y de 
criminalización de los sectores

progresistas, populares y de izquierda. Contribuyen a crear así un 
estado de incertidumbre y

temor en la sociedad.

? El estado de excepción declarado sólo aumenta el margen de 
arbitrariedades contra los derechos

de las personas que vivimos en comunidades campesinas e indígenas; así 
como acentúa el

hostigamiento a las organizaciones de trabajadores/as rurales. Los cinco 
departamentos en los

que ha sido declarada la medida concentran buena parte de los 
movimientos y organizaciones

que más resistencia han presentado frente al modelo económico neoliberal 
de saqueo y

destrucción, y frente a sus representantes políticos en los tres poderes 
del Estado a lo largo de

estas décadas.

? El mismo Ministro del Interior en reunión con las organizaciones de 
derechos humanos que

componen CODEHUPY admitió que no pueden dar garantías frente a posibles 
abusos y

violaciones de derechos humanos de las poblaciones afectadas por la medida.

PATRÓN SISTEMÁTICO DE ABUSO DE LA FUERZA, ARBITRARIEDAD JUDICIAL Y

CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS POPULARES

La represión de las luchas sociales por parte de los organismos de 
seguridad del Estado ha llegado a

niveles de criminalidad sumamente graves en Paraguay. Así lo demuestra 
el /Informe Chokokue/*/,/

publicado por la CODEHUPY, en el que se denuncian 75 ejecuciones 
arbitrarias y 2 desapariciones

forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones de trabajadores 
rurales, en el período

comprendido entre el 3 de febrero de 1989 y el 26 de junio de 2005; las 
cuales "respondieron a un

plan encaminado a detener espirales de protesta, atemorizar a 
comunidades y organizaciones

campesinas y desalentar las ocupaciones".

Sólo a modo de ejemplo de los hechos más recientes, denunciamos el caso 
de la condena del

compañero RAMON GIMÉNEZ, dirigente de la Organización de Lucha por la 
Tierra (OLT),

actualmente en prisión ilegítimamente por ejercer el derecho a la 
protesta; el caso del asentamiento

Curupayty del distrito de Chore, Departamento de San Pedro, en el cual 
el 20 de junio de 2009

policías reprimieron brutalmente a las familias, golpearon mujeres, 
niñas/os, destruyeron casas,

robaron animales, dinero, bienes del almacén, como represalia por la 
muerte de un policía de la

zona.

También en 2009, una manifestación de la Federación Nacional Campesina 
(FNC) en el

departamento de Caaguazu fue brutalmente reprimida por la policía, 
manifestantes fueron heridos y

más de 60 fueron apresados.

El 4 de octubre de 2008 fue asesinado BIENVENIDO MELGAREJO de ASAGRAPA, 
El 2 de

septiembre de 2009 fue asesinado el joven ABRAHAN SANCHEZ de la 
Asociación Larrosa en San

Pedro. También en San Pedro fue asesinado ENRIQUE BRÍTEZ.

La brutalidad policial es práctica usual en los desalojos a comunidades 
campesinas hasta la

actualidad; así como la represión violenta a las manifestaciones y 
protestas, sobre todo, del

movimiento campesino.

CÓMO AFECTA EL ACTUAL ESTADO DE EXCEPCIÓN LOS DERECHOS DE LAS

COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS

Con un gran esfuerzo de las organizaciones sociales y populares, se está 
procurando contrarrestar el

temor en las comunidades y seguir realizando reuniones y plenarias en 
las mismas, como el caso del

Foro Social Regional de las Américas realizado en fecha 30 de abril del 
corriente en la ciudad de

Horqueta, departamento de Concepción, que convocó a más de 250 personas 
de 15 organizaciones.

Sin embargo, cada día llegan camiones de militares y policías a las 
distintas zonas, acentuando el

sentimiento de zozobra, inseguridad y temor de las comunidades. Los 
controles de documentos

personales y de vehículos se realizan una y otra vez en los territorios 
y subiendo reiteradas veces a

cada transporte público. Hay denuncias de maltrato de los policías y 
militares a las personas en el

trámite de revisión de documentos, lo que se acentúa mucho más cuando 
alguna persona se ha

olvidado del mismo, cuenta con una fotocopia o una constancia de estarse 
tramitando.

Las personas se sienten expuestas e indefensas ante los maltratos de los 
policías y militares.

A partir de las 18 horas aproximadamente, las personas manifiestan temor 
de salir a las calles,

existiendo en numerosas zonas una especie de toque de queda de hecho.

* Campesino en idioma guaraní.

El despliegue aparatoso y desmesurado de helicópteros en determinados 
lugares, produce terror

sobre todo en los niños y niñas.

A metros de la comunidad indígena SAWHOYAMAXA, km. 370 Ruta 10, Pozo 
Colorado, se

instaló un contingente militar. El Estado paraguayo se encuentra 
incumpliendo la condena de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la devolución de sus 
territorios a esta

comunidad.

Aunque las reuniones no se encuentran prohibidas se han denunciado casos 
de presencia militar en

las mismas, controlando su desarrollo.

POR TODO LO EXPUESTO, LLAMAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E

INTERNACIONAL A DAR UN SEGUIMIENTO CERCANO A TODO LO QUE OCURRE

ACTUALMENTE EN PARAGUAY, EN ESPECIAL, EN LOS CINCO DEPARTAMENTOS

AFECTADOS POR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN, SUS POBLACIONES,

COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES.

ALICIA AMARILLA LEIVA

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas - 
CONAMURI

BERNARDA PESOA

ALPI NAIJATEETA, Pueblo Qom Autóctono del Paraguay - ANQPAP

TOMÁS ZAYAS

Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares - 
CNOCIP

DIONICIO GÓMEZ BENÍTEZ

Movimiento Indígena, Canindeyu

JORGE GALEANO

Movimiento Agrario y Popular - MAP

MARÍA ESTHER LEIVA

Organización de Lucha por la Tierra - OLT

ELVIO TRINIDAD QUIROGA

Movimiento Campesino Paraguayo - MCP

ERNESTO BENÍTEZ

Coordinadora de Productores Agrícolas de San Pedro Norte - CPA-SPN


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