[Qui-deu-a-qui] [Fwd: otro financista que se baja]

[gemma.tarafa en debtwatch.org]

Más de ENCE:)

--------------------------- Missatge original ----------------------------
Assumpte: otro financista que se baja
De:       "Laura Ramos" <lauraibressan en yahoo.com.ar>

   Fecha: Sat, 15 Apr 2006 12:40:55 +0200
      De: "Ardilla PARGA" <patty.ardilla.parga en gmail.com>
  Asunto: URUGUAY: LUZ AMARILLA DEL BANCO MUNDIAL ANTE PLANTAS DE
CELULOSA

---------------------------------------------------------------------------

URUGUAY: LUZ AMARILLA DEL BANCO MUNDIAL ANTE PLANTAS DE CELULOSA

Por Diana Cariboni (IPS)

Un actor impensable, el Banco Mundial, parece haber reencauzado el  debate
entre Argentina y Uruguay por la construcción de dos fábricas de  celulosa
en la orilla uruguaya de un río limítrofe. La cuestión ambiental  vuelve a
estar en el centro de la escena.

Un análisis sobre los riesgos ambientales de estas fábricas, encargado 
por la Corporación Financiera Internacional (CFI, miembro del Grupo  Banco
Mundial) a un panel de dos expertos independientes, sugiere  numerosas
correcciones a los estudios anteriores.

El panel analizó los informes presentados por las empresas y aceptados 
por el gobierno uruguayo y el Estudio de Impactos Ambientales
Acumulativos Uruguay - Plantas de Celulosa, encargado por la propia CFI a 
consultores externos y publicado en diciembre de 2005.

Si la CFI acepta las observaciones del panel para otorgar el
financiamiento y las garantías solicitadas por las empresas que construyen
las  dos plantas, tendría que disponer correcciones al estudio de impacto 
ambiental acumulativo.

Además, las firmas (la finlandesa Botnia y la Empresa Nacional de 
Celulosa de España, ENCE) deberían revisar y ajustar sus proyectos, lo que
 podría alterar los plazos de las obras.

Y el gobierno uruguayo, que aún está digiriendo el contenido del
documento, debería efectuar cambios a sus estimaciones y exigencias 
ambientales.

El lunes, la Corporación dijo que "anunciará en unos días un detallado 
plan de acción para atender las recomendaciones del panel" y que estaba 
"en conversaciones con las compañías sobre cómo atender las
recomendaciones de los expertos".

La CFI evalúa si financia una parte de la construcción de las plantas  de
Botnia y ENCE, cuyos montos sumados ascienden a 1.800 millones de 
dólares.

Además, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por  sus
siglas en inglés), también del Grupo Banco Mundial, estudia si  otorgará
seguros contra riesgo político para la planta de Botnia.

"Ni la CFI ni MIGA tomarán una decisión acerca de seguir adelante con  el
financiamiento hasta que el periodo de consultas del estudio de  impacto
acumulado se haya completado", agregó la Corporación.

El informe de los especialistas Wayne Dwernychuk y Neil McCubbin, de la 
consultora canadiense Hatfield, tiene una virtud nada despreciable en  un
conflicto binacional que lleva casi tres años: fue bien recibido por  los
dos gobiernos, pero también por los ambientalistas uruguayos.

Es "infinitamente más serio" que el estudio de impacto acumulativo que 
había encargado la CFI y que los dos de las empresas, dijo a IPS el 
activista Ricardo Carrere, coordinador del Movimiento Mundial por los 
Bosques Tropicales y miembro del grupo ecologista Guayubira.

Dwernychuk y McCubbin analizaron toda la documentación disponible, así 
como las críticas del gobierno argentino, ciudadanos, activistas y 
científicos de los dos países y representantes de la Asamblea Ciudadana 
Ambiental de Gualeguaychú, la ciudad argentina que es epicentro de la 
resistencia a las fábricas.

Los especialistas concluyen que las afirmaciones de que los estudios  "no
han suministrado suficiente información sobre la propuesta de diseño, 
procedimientos de operación y monitoreo ambiental de las plantas son en 
general válidas".

En cambio, consideran que las preocupaciones sobre "daños ambientales 
catastróficos carecen de sustento y son irracionales".

El nuevo análisis no cuestiona la ubicación de las dos fábricas, muy 
próximas una de otra y a orillas del río Uruguay, ni el uso de la 
tecnología de dióxido de cloro (ECF por sus siglas en inglés) para
blanquear  la celulosa, materia prima del papel.

El informe niega que la técnica TCF (siglas inglesas de "totalmente  libre
de cloro"), reclamada por los ambientalistas, sea la única
aceptable, pero señala que varias de sus ventajes ambientales podrían
obtenerse  "si se modifica el diseño de la planta a una versión
'ECF-light' en la  que la cantidad de dióxido de cloro utilizada es
relativamente baja".

Pero los especialistas critican que el estudio acumulativo encargado  por
la Corporación "omite brindar una justificación sólida para la  selección
de ECF versus la opción TCF".

Este es un aspecto delicado, puesto que los procesos industriales a  base
de cloro generan subproductos organoclorados persistentes y
peligrosos, como las dioxinas y los furanos, a cuya exposición la ciencia 
atribuye mayores riesgos de cáncer y malformaciones congénitas.

"Las referencias a dioxinas/furanos en los vertidos de las plantas 
parecen haber sido manejadas algo a la ligera. Estos compuestos son de 
significativa preocupación para el público en general y deben ser 
plenamente analizados. Dejar de lado el tema mediante la conclusión de que
ambos  compuestos estarán en 'niveles indetectables' es inaceptable",
señalan  los expertos canadienses.

El estudio acumulativo señalaba que "... el reemplazo total de cloro 
elemental por dióxido de cloro produce la disminución de dioxinas y 
furanos en el efluente hasta niveles indetectables", lo cual podría ser 
cierto dependiendo del nivel de detección que se utilice.

Pero en ese estudio "no existe indicación de cuál es ese nivel de 
detección", a saber "partes por millón, o partes por trillón o partes por 
cuatrillón", añaden los expertos.

Por tanto, recomiendan a los encargados del estudio acumulativo aclarar  a
qué unidades se hace referencia y brindar "prueba de que se
producirán 'niveles indetectables' de dioxinas/furanos si se mantiene esa 
afirmación" en la versión final.

Botnia, ENCE y el gobierno uruguayo han asegurado que las dos fábricas 
cumplirán con las mejores técnicas disponibles (BAT, por sus siglas en 
inglés) para la industria de la celulosa.

El informe replica que "en muchos casos en los documentos presentados  por
las compañías o los consultores de la CFI no se evidencia que, en  función
del diseño e instalación, dichas características existirán en la  planta o
se tendrán las especificaciones adecuadas".

El análisis revisa 24 características de las BAT y encuentra que los 
proyectos de Botnia y ENCE sólo cumplen con cinco, según la información 
disponible.

Además, "no existe el listado completo de vertidos en el entorno
natural en las cercanías de las plantas", advierten los especialistas.

Tampoco "parecería haberse hecho una revisión independiente de las 
estimaciones de descargas de contaminantes presentadas por las compañías",
 añaden.

Tras analizar las principales debilidades de los tres estudios, los 
especialistas realizan casi 70 recomendaciones críticas, tanto para la 
etapa de construcción como para el posterior periodo de funcionamiento. 
Entre ellas piden investigaciones de campo biológicas, químicas y físicas 
del río y varios tipos de monitoreos continuos y periódicos.

El activista Carrere dijo que, más allá de las observaciones técnicas,  el
informe es relevante "políticamente", pues señala a los autores de  los
estudios anteriores que en muchos casos "no sabían de lo que estaban 
hablando" cuando afirmaban que las fábricas no tendrían casi impacto.

En su opinión, el Banco Mundial puso pies de plomo en el proceso para 
aprobar la financiación por el conflicto binacional desatado.

La "MIGA no puede dar garantías contra riesgo político cuando hay dos 
países en disputa" y una controversia que ha tenido una gran repercusión 
internacional y que podría poner en riesgo el prestigio del Banco,  opinó
Carrere.

La semana pasada finalizó sin acuerdo un intento de negociación entre 
Buenos Aires y Montevideo, y el conflicto se reinstaló en toda regla, 
incluida la retórica nacionalista de las dos partes.

Argentina cuestiona la forma en que Uruguay autorizó la instalación de 
las plantas, asegurando que violó tratados binacionales, y anunció que 
retomaba su intención de llevar el caso ante la Corte Internacional de 
Justicia, con sede en La Haya.

Activistas argentinos volvieron a bloquear dos pasos internacionales  con
Uruguay, repitiendo una medida que mantuvieron durante 45 días en el 
último verano austral, denunciada por Montevideo como ilegal. También  las
autoridades uruguayas planifican recurrir a tribunales regionales o  a La
Haya.

En este contexto, el informe de la CFI vuelve a poner en el centro de  la
escena las objeciones ambientales, pero acompañadas del riesgo de que  los
proyectos se queden sin la preciada financiación.

La prensa argentina informó este martes que el banco holandés ING había 
desistido de considerar un préstamo a Botnia para la construcción de su 
fábrica en Uruguay.

"Todo lo que implique mejorar la calidad y los controles es bienvenido 
por el gobierno uruguayo", dijo a IPS una fuente cercana al Poder 
Ejecutivo, quien valoró que el estudio de Dwernychuk y McCubbin es
favorable  en los tres aspectos cruciales para Montevideo: que las
fábricas se  construyan, que no se cambie su emplazamiento y que se
mantenga la  tecnología ECF.

La fuente indicó además que el costo para dar satisfacción a las
recomendaciones sería de uno por ciento del valor de los proyectos.

Mientras, fuentes de la empresa Botnia dijeron a IPS que tomaron
contacto con el documento el lunes por la noche y no estaba previsto aún
un  pronunciamiento.

La cancillería argentina recibió el estudio con entusiasmo, pues acoge 
buena parte de los reclamos argentinos.