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Els metges convoquen vaga el 15 i 16 de novembre
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Sobre las declaraciones del consejero de salud de la Generalidad de
Cataluña.



Con la salud pública y la verdad no se juega.



Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal



            Las declaraciones del consejero de Salud de la Generalidad de
Cataluña a la Agencia EFE de octubre de 2011 no sólo son socialmente
inadmisibles sino que son una agresión directa y sin tapujos a la razón
pública ilustrada. Los motivos de crítica de agolpan; veamos algunos de
ellos.

La salud no es un bien privado que depende exclusivamente de cada ciudadano
como afirma el señor Boi Ruiz. Desde principios del siglo XX, con
precedentes en otros momentos históricos, se considera –con consenso
generalizado- que la salud es un bien público que incumbe a la sociedad en
su conjunto; en absoluto es un bien estrictamente privado.



La salud no es meramente la ausencia de enfermedad, sino -de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y numerosas instancias y organismos
afines- un estado fisiológico, psicológico y social adecuado al correcto
desarrollo de las personas. De ahí deriva el concepto de Salud Pública que
engloba todos los determinantes implicados en la salud –entre muchos otros:
las condiciones de vida, la salubridad del medio, el control de infecciones,
la calidad de los alimentos, la vacunación, la higiene, la potabilidad del
agua, la erradicación de la malaria, del tifus, de las fiebres de malta y
muchas otras enfermedades, las reglamentaciones laborales sobre condiciones
de trabajo y enfermedades, la creación de una red pública de atención
primaria y hospitalaria (que en España ha llegado a ser de alta calidad
gracias al esfuerzo de numerosas personas fuertemente implicadas en esta
gran conquista social)-, determinantes sociales, decíamos, respecto a los
cuales un individuo aislado, por sí mismo, poco puede hacer

Ello no quiere decir, obviamente, que las formas de vida de cada
sujeto –que, como es evidente para quien no quiera cegarse socialmente,
muchas personas no siempre pueden elegir libremente: las circunstancias en
las que se ven inmersos impiden o dificultan gravemente su autodeterminación
real-, no tengan influencia en su estado de salud. Aunque el criterio de
“vida saludable” no deja de tener unos componentes que dependen o son
funcionales a cada cultura, conviene insistir en el ya muy antiguo concepto
de que el enfermar es la resultante de muchos factores (entre ellos y entre
muchos otros, la constitución biológica de cada individuo). De esta forma,
para algunos individuos, su “vida disipada” tiene efectos sobre su salud muy
diferentes a los que ocasiona en otras personas. Pensemos en lo que ocurre
entre personas fumadoras: algunas de ellas, a los 90 años, se encuentran
bastante bien de salud; otras, en cambio, a los 50 padecen cáncer de pulmón.
Eso sí, es indiscutible que desde la perspectiva de la salud pública el
conjunto de fumadores de una determinada población padece con mayor
frecuencia una serie de patologías que los ciudadanos no fumadores,
falleciendo también antes. Estamos ante el concepto poblacional frente al
estrictamente individual.



Tampoco puede sostenerse que la salud no dependa en ninguna medida del
Estado como afirmó el consejero de Salud en esas mismas declaraciones a no
ser que nos remontamos al feudalismo, a las monarquías medievales, o bien a
Estados capitalistas puros donde rija en exclusiva la ley del más fuerte y
el grito despiadado (o afín) de “¡Viva el mal, viva el Capital!” El que
conocemos -o se dice conocer- como Estado de bienestar es otra cosa. El
señor Boi Ruiz tal vez tenga como modelo de Estado de las plutocracias
estatales.



No hay olvidar, por otra parte, y este vértice es esencial, que la
investigación en medicina y salud es posible gracias a recursos públicos
dirigidos a estos fines, es decir, gracias a la intervención de un Estado
que no tenga anulada ni demediada ni olvidada su componente social. Sin esta
investigación, muchos éxitos que se han conseguido –y que benefician a toda
la ciudadanía sin exclusiones- no se hubieran alcanzado.



El consejero de salud catalán aseguró también que la salud no es un derecho.
Los apartados del artículo 43 de la Constitución de 1978 parecen
desmentirle: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2.
Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través
de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. Derechos,
por otra parte, que están también recogidos en el Estatuto de Cataluña, que
quizá el Sr. Boi Ruiz no haya podido leer hasta el momento. Se mire como se
quiera mirar, se lea como sea quiera leer, la constitución española y las
normas estatuarias amparan el derecho a la salud de todos los ciudadanos y
ciudadanas españoles.



Precisamente, para justificar lo contrario, que la salud no es un derecho,
el señor Boi Ruiz ha argumentado del modo siguiente: la salud “depende del
código genético que tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de
sus hábitos". No es así, en absoluto. Los trastornos genéticos constituyen
una ínfima parte de la morbilidad observada (alrededor del 1%). Existen
predisposiciones genéticas a determinadas patologías. Sin duda. Pero tales
predisposiciones representa sólo un determinado porcentaje de probabilidad
para su manifestación, la cual depende de numerosos factores en relación con
el medio y las condiciones de vida. Consiguientemente no es inexorable la
manifestación del trastorno por la carga genética. Ningún resultado
científico contrastado y aceptado avala esa supuesta tesis defendida por el
consejero.  Se puede colegir de ello, no parece arriesgada ni precipitada la
inferencia, que el Sr. Boi Ruiz —al menos según sus declaraciones a la
agencia EFE— no está muy puesto en lo relativo a los conceptos actuales
sobre la salud y el enfermar. Sus múltiples actividades gestoras en las
últimas décadas deben haberle robado tiempo para su puesta al día en temas
científico-culturales.



Por lo demás, aunque fuera el caso sin serlo, aunque la salud dependiese del
código genético, de los antecedentes familiares y de los hábitos de cada uno
de nosotros, no se inferiría de todo ello que las instituciones públicas
tuvieran que jugar un papel secundario, acaso marginal, en temas de salud.
De lo primero, de esa suposición que no debe admitirse, no se infiere de
ninguna de las maneras lo segundo. ¿Dónde se ubica el ámbito de la ética
para el  consejero de salud? El criterio del Sr. Ruiz es estrictamente
político, neoliberal, no tiene ninguna base científica. Los conocimientos
científicos actuales en absoluto justifican sus consideraciones y proclamas.

El señor Boi Ruiz también aludió en la entrevista con EFE que en Cataluña
hay unas 1.300 citas diarias de pacientes que no asisten a la consulta.
Desconocemos la validez de la cifra, ni qué citas están incluidas en ese
número, y si el coste real que ello supone para arcas públicas es el que el
consejero señala y que cuantifica, con imprecisión manifiesta, en “más de 10
millones de euros". Si fueran correctos los datos, habría que intentar
corregir la situación. Nadie lo duda, nadie ha dudado de ello. Pero ello no
justifica, aunque se pretenda hacernos creer lo contrario, penalizar la
atención a la inmensa mayoría de pacientes y, menos aún, adoptar medidas
privatizadoras. Diga lo que diga el Sr. Boi Ruiz, de quien desconocemos su
vinculación a la sanidad pública como paciente, la ciudadanía —que no
usuarios—, en su conjunto, no es un grupo de irresponsables que malgasten
los recursos públicos sin miramientos. Lo afirmado por el consejero  es
humo, una máscara que quiere encubrir una determinada política –que,
evidentemente, no defiende él en solitario- cuya orientación y finalidades
resultan cada día más evidentes.



La racionalización del gasto —que no implica en absoluto una privatización—,
sin mermar la asistencia, no es algo a lo que los defensores de la sanidad
pública nos opongamos. Al contrario, se llevan años insistiendo en ello, en
especial en el uso excesivo de tecnologías y medicaciones no justificadas.
La política que se está defendiendo, diga lo que diga el señor consejero, no
tiene nada que ver con la racionalización. Racionalizar, ser o actuar
responsablemente, con prudencia, con justicia, es cosa muy distinta. ¿Por
qué hay que recortar inexorablemente en sanidad cuando apenas se hace nada
contra el fraude fiscal de las grandes fortunas, de las grandes empresas, y
se aprueban por otra parte mega-ayudas a la banca y leyes de sucesiones y
contrarreformas fiscales que favorecen a sectores sociales muy pero que muy
privilegiados? Puestos a racionalizar, ¿no habría que racionalizar esas
políticas con urgencia? ¿De qué habla realmente el señor Boi Ruiz cuando
habla de “racionalización”? ¿De qué está hablando realmente?



El consejero de economía, el señor Mas-Colell, un antiguo y destacado cuadro
del PSUC en su etapa universitaria, inauguró el curso académico del Círculo
de Economía haciendo un llamamiento a los empresarios a que ocuparan el
espacio que los recortes están dejando en el espacio público. Ni más ni
menos, bien a las claras. El Sr. Boi Ruiz, en la misma línea, también ha
hecho más de un llamamiento para la contratación de seguros en las mutuas
privadas. La Cecot -una patronal multisectorial que, según sus propios
anuncios, “promueve y defiende los intereses de las empresas catalanas”- ha
sabido corresponder al consejero: le ha concedido el galardón “Mejores
prácticas de la Administración Pública”, un premio que el señor Boi Ruiz ha
recogido de manos del presidente Artur Mas. Como lo leen.

¡Qué horror, doña Leonor!, ¡qué barbaridad, doña Trinidad! No se premian a
los mejores sino –cosa muy distinta- a los mejores privatizadores. El
gobierno de CiU, con los aplausos entusiastas del PP y otras fuerzas
políticas de menor escala, está aplicando su programa, su duro programa
neoliberal, mientras los sectores sociales minoritarios que tan bien
representan jalean sus oídos y llenan sus vanidades, sin olvidar, por otra
parte, que durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas
catalanas de noviembre de 2010 no hicieron referencias directas ni a
recortes ni a privatizaciones de los servicios públicos. Era parte de agenda
oculta.

¿Cuándo tardará la ciudadanía en darse cuenta? ¿Hasta cuándo vamos a
permitir este atropello casi sin precedentes? La calle exige de nuevo, como
quería el poeta e ingeniero Gabriel Celaya, que nos paseemos a cuerpo y
anunciemos y exijamos algo nuevo.



Eduard Rodríguez Farré es Doctor en medicina, farmacólogo y radiobiólogo, y
profesor de fisiología y farmacología en el Instituto de Investigaciones
Biomédicas de Barcelona (CSIC). Actualmente es miembro del Centro de
Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERSP)
del IDCIII. Autor de numerosas publicaciones internacionales sobre toxicidad
de contaminantes ambientales, energía nuclear y salud en revistas
científicas de primera línea, es miembro del Comité Científico de la UE
sobre nuevos riesgos para la salud. Su próxima publicación lleva por título
Ciencia en el ágora (El Viejo Topo, Mataró (Barcelona), en prensa).



Salvador López Arnal es colaborador de rebelión y de El Viejo Topo, y
coautor, junto a Eduard Rodríguez Farré, de Casi todo lo que usted desea
saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y el medio
ambiente, Mataró (Barcelona), El Viejo Topo, 2008 y de Ciencia en el ágora
Mataró (Barcelona), El Viejo Topo (en prensa).



Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una
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