[Deuda-2005] El Ministerio de Economía y Hacienda impide avances para la mejora de la Ley de Deuda Externa

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  *NOTA DE PRENSA *
*13 de junio de 2006*

/*EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA IMPIDE AVANCES PARA LA MEJORA DE 
LA LEY DE DEUDA EXTERNA*/*//*

*/ /*

*/El pasado 30 de mayo la Ponencia sobre la Ley Reguladora de la Gestión 
de la Deuda Externa aprobó en la Comisión de Exteriores del Congreso el 
Dictamen de dicha Ley el cual se someterá a votación en el Pleno del 
Congreso el próximo 22 de junio. Aunque el nuevo texto incluye un 
compromiso -que no obligatoriedad- para empezar a desvincular las 
conversiones de deuda a los intereses comerciales españoles /*(de manera 
que se permita la participación de actores locales) y*/ para regular el 
Fondo de Ayuda al Desarrollo /*(uno de los dos mecanismos de generación 
de deuda)*/ consideramos que dicho Dictamen sigue contemplando excesivos 
principios de corte económico -inspirados desde los Ministerios de 
Economía y Hacienda e Industria y Comercio- para una Ley que pretende 
luchar contra la Pobreza y trabajar a favor de los Derechos Humanos. /*

* *

La ley, que recoge parte de las demandas de la sociedad civil, debe 
continuar avanzando de cara a romper líneas *continuistas con las 
anteriores políticas de gestión de deuda llevadas a cabo por los 
Ministerios de Economía y Hacienda e Industria y Comercio que anteponían 
criterios económicos* (disciplina macroeconómica, estabilidad financiera 
y cumplimiento de las obligaciones contractuales) *a criterios sociales* 
que puedan favorecer el desarrollo integral de los pueblos endeudados.

*Desde la sociedad civil exigimos *que, a fin de conseguir que* *sea una 
herramienta eficaz orientada a la lucha contra la pobreza, en su 
articulado se incluyan aspectos tan importantes como:

*- La revisión, reformulación y/o regulación del segundo mecanismo 
generador de la deuda externa, los fallidos cubiertos por la Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exportación - CESCE* (responsable 
del 48% de la deuda). Tan sólo se recoge un compromiso para que el 
Gobierno presente un Proyecto de Ley que regule el Fondo de Ayuda al 
Desarrollo - FAD (que ostenta el 52% restante). Esperamos que en el 
proceso de elaboración y discusión de dicha Ley se permita la 
participación de la sociedad civil que lleva años reclamando la 
regulación de los FAD.

- Las *operaciones relacionadas con la cancelación de la deuda externa 
no deben de contabilizarse como Ayuda Oficial al Desarrollo*, como ya 
han hecho países de nuestro entorno, como Noruega. Especialmente 
preocupante resultaría el hecho de no recoger de manera clara en el 
articulado final de la Ley, el planteamiento de *desligar completamente 
la gestión de los recursos liberados de cualquier interés económico o 
comercial*, y vincularlos directamente a la reducción de la pobreza y 
las desigualdades. De no ser así, la combinación de estos dos elementos 
podría dar lugar a situaciones en las que fondos contabilizados como 
Ayuda Oficial al Desarrollo terminasen en manos de empresas españolas, 
lo cual resultaría absolutamente inaceptable.

- La Ley debe facilitar al máximo la *información* disponible sobre 
cualquier aspecto relacionado con la gestión de la deuda, principalmente 
por lo que se refiere a los proyectos financiados y empresas que se 
benefician de los mismos, así como las condiciones en que se otorgan los 
créditos o las coberturas de riesgo.

- En el apartado de Competencias debe estar recogido, de una manera 
clara y precisa, *la responsabilidad del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación*, en detrimento del Ministerio de Economía y 
Hacienda, al tratarse de una ley que busca una mayor coherencia de la 
política pública de Ayuda al Desarrollo y con el Cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio.

- La Ley debe recoger explícitamente el principio de* corresponsabilidad 
entre acreedores y deudores*, por cuanto hay un intercambio económico, 
promovido por el Gobierno español, con claras implicaciones sociales, 
monetarias y ambientales hacia los países endeudados.

- Tampoco *se incluyen mecanismos de evaluación y/o de auditorias* del 
proceso de generación de la deuda en el pasado, que podrían vislumbrar 
deudas ilegítimas, así como *mecanismos de prevención de nuevos impactos 
negativos* sobre la población y medio ambiente de la nueva deuda que se 
genere.

- En cuanto a actuaciones concretas para liberar a los países del Sur de 
la pesada losa que supone la Deuda externa, la Ley no incluye ninguna 
actuación inicial de* cancelación*. Como mínimo, en la ley de deuda 
deberían establecerse mecanismos de *cancelación del 100%* de la deuda 
externa bilateral para los países más empobrecidos y endeudados.

- Referente a la *participación de la sociedad civil*,* *la Exposición 
de Motivos ha reflejado la creación de un subcomité dependiente del 
Consejo de Cooperación, que se sumará a los Comités actualmente 
existentes. El siguiente avance debe ser fijar en el articulado las 
funciones ejecutivas y/o vinculantes de la participación de la sociedad 
civil tanto del Norte como del Sur.

* *

*Desde la Alianza Española contra la Pobreza*, que integra una parte 
importante de la sociedad civil organizada que lucha desde hace años por 
la Abolición de la Deuda Externa, *queremos manifestar insistentemente 
que aún estamos a tiempo de mejorarla*. Para ello los grupos 
parlamentarios deberían prolongar el periodo de debate parlamentario, 
darlo a conocer públicamente y profundizar el diálogo con la sociedad 
civil antes de su aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados y 
del Senado.

Consideramos que todos estos aspectos deben tenerse en cuenta en la Ley. 
*Las cuestiones expuestas en este comunicado son asumibles por el Estado 
español.* Las políticas de gestión de la deuda externa siguen siendo 
para el Gobierno español una buena estrategia para internacionalizar la 
empresa española e inflar las cifras de Ayuda Oficial al Desarrollo. El 
acuerdo sobre esta nueva ley demostrará si existe un "doble rasero" en 
la política de cooperación del Gobierno socialista, si dicha política 
está subordinada a las órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda o, 
si por el contrario, pretende luchar contra las verdaderas causas de la 
pobreza.

*/ /*

*/Alianza Española contra la Pobreza/*

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