[Deuda-2005] Carta a El País, avui 27-04-2006

[gemma.tarafa en debtwatch.org]

  /ENCE no apuesta por la sostenibilidad/

Tom Kucharz y Carlos Taibo (Miembros de Ecologistas en Acción)  -  Madrid

Todos los grandes medios de comunicación argentinos han dado cuenta de  la
manifestación que la campaña "¿Quién debe a Quién?" organizó ante la  sede
de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación  (CESCE).
El objetivo de esa manifestación era exigir que la CESCE no  respalde el
crédito concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO)  a la empresa
papelera ENCE para su proyecto de construcción de una  planta de celulosa
en Uruguay. La planta funcionará con tecnología  Kraft, lo que supone una
liberación de dióxido de cloro al río Uruguay,  muy dañina para la salud
humana y el medio natural. Esta tecnología la  usó la misma empresa en
Pontevedra, donde fue condenada por delito  ecológico. La oposición social
en Argentina y el desastre ambiental que  el proyecto acarrea han motivado
que un banco holandés, ING, cancelase  el crédito que tenía pensado
conceder a la empresa finlandesa Botnia  para otra papelera que debía
operar junto a la de ENCE.

La CESCE, preocupada, al parecer, por su /reputación,/ está recibiendo 
presiones del Gobierno español para asegurar la operación de ENCE.  Cuesta
entender qué intereses defiende el Gobierno al respecto, máxime  cuando el
préstamo del ICO se otorgó sin tener en cuenta los informes de  impacto
medioambiental y social de la papelera. La situación puede  producir un
alto coste político para el Gobierno, que desea asegurar el  negocio por
cuanto ello supondría que la CESCE -en caso de que ENCE no  ponga en
marcha la planta- devuelva el dinero al ICO para que después lo  recupere
el Gobierno uruguayo, con la consiguiente generación de una  deuda externa
cuyas consecuencias pagará la población durante décadas.

Este caso revela, en el marco del actual debate sobre la Ley Reguladora 
del Tratamiento de la Deuda Externa, la profunda necesidad de redefinir 
mecanismos de apoyo a la inversión española como los de la CESCE o los 
créditos FAD, que no conducen sino a una continua generación de deuda  sin
que se hagan valer estudios previos ni un control parlamentario de  los
impactos socioeconómicos y ambientales.




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