<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
<title></title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<h1><em>ENCE no apuesta por la sostenibilidad</em></h1>
<p>Tom Kucharz y Carlos Taibo (Miembros de Ecologistas en Acción)
-
Madrid<br>
<br>
</p>
<p>Todos los grandes medios de comunicación argentinos han dado cuenta
de la manifestación que la campaña "¿Quién debe a Quién?" organizó ante
la sede de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación
(CESCE). El objetivo de esa manifestación era exigir que la CESCE no
respalde el crédito concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
a la empresa papelera ENCE para su proyecto de construcción de una
planta de celulosa en Uruguay. La planta funcionará con tecnología
Kraft, lo que supone una liberación de dióxido de cloro al río Uruguay,
muy dañina para la salud humana y el medio natural. Esta tecnología la
usó la misma empresa en Pontevedra, donde fue condenada por delito
ecológico. La oposición social en Argentina y el desastre ambiental que
el proyecto acarrea han motivado que un banco holandés, ING, cancelase
el crédito que tenía pensado conceder a la empresa finlandesa Botnia
para otra papelera que debía operar junto a la de ENCE.</p>
<p>La CESCE, preocupada, al parecer, por su <i>reputación,</i> está
recibiendo presiones del Gobierno español para asegurar la operación de
ENCE. Cuesta entender qué intereses defiende el Gobierno al respecto,
máxime cuando el préstamo del ICO se otorgó sin tener en cuenta los
informes de impacto medioambiental y social de la papelera. La
situación puede producir un alto coste político para el Gobierno, que
desea asegurar el negocio por cuanto ello supondría que la CESCE -en
caso de que ENCE no ponga en marcha la planta- devuelva el dinero al
ICO para que después lo recupere el Gobierno uruguayo, con la
consiguiente generación de una deuda externa cuyas consecuencias pagará
la población durante décadas.</p>
<p>Este caso revela, en el marco del actual debate sobre la Ley
Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa, la profunda necesidad
de redefinir mecanismos de apoyo a la inversión española como los de la
CESCE o los créditos FAD, que no conducen sino a una continua
generación de deuda sin que se hagan valer estudios previos ni un
control parlamentario de los impactos socioeconómicos y ambientales.</p>
</body>
</html>