[REpensar Barcelona] buenos aires: patrimonio, espacio público y vecinos

[josep saldaña cavallé]

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 |  Lunes,
24 de Noviembre de 2008
Los trabajos fuera de norma o sin autorización que tiene en marcha el
gobierno de la ciudad Obras que no conocen de códigos ni leyes El gobierno
porteño tiene en curso una serie de obras que violan leyes o no están
debidamente autorizadas. Ya nacieron asambleas en varios barrios para
frenarlas. Cuatro amparos judiciales detuvieron algunas de ellas. [image:
http://www.pagina12.com.ar/fotos/20081124/notas/na03fo01.jpg]
 *Por Sergio Kiernan*

El gobierno porteño está empecinado en realizar una serie de obras que no
sólo despiertan una fuerte resistencia de los vecinos, sino que son
claramente ilegales. Los ministerios de Desarrollo Urbano y de Ambiente y
Espacio Público parecen ignorar que hay leyes que prohíben que el Ejecutivo
peatonalice calles o levante adoquines, cambie las farolas y altere las
calzadas en el Casco Histórico. La oposición de los vecinos sorprendió
completamente a los funcionarios, que ven surgir asambleas en los barrios
más tranquilos y ya tienen una colección de cuatro amparos judiciales para
frenar las obras. Este carnaval de ilícitos con el espacio público protegido
se completa con la demolición por la misma ciudad de un edificio catalogado
al máximo grado posible (ver página 2).

Una vez electo, Mauricio Macri enfrentó con cierta comodidad una larga
transición de casi seis meses. De todas las crisis y problemas que se
esperaban al comenzar su gestión, terminó resultando que el tema por el que
el macrismo se está enfrentando directamente con los vecinos es,
inesperadamente, el del patrimonio edificado. Esta es una crisis
literalmente inventada por el gobierno en sus once meses de mandato y su
primera expresión fue el plan Prioridad Peatón, del ministro de Desarrollo
Urbano Daniel Chain.

Prioridad Peatón es una iniciativa copiada de capitales europeas con una
buena intención, la de limitar el tránsito buscando "darle la razón" al que
camina sobre el que maneja. Pero donde en otras geografías se hicieron
estudios, en Buenos Aires se decretó un enorme polígono –de Plaza San Martín
a Parque Lezama, del Bajo a la Nueve de Julio– con posibilidades de llevarlo
a cualquier otro punto de la ciudad. La obra-símbolo del plan era la
peatonalización de la calle Defensa desde Plaza de Mayo hasta Brasil, de
modo de crear un "living urbano".

El primer tropezón fue enterarse a mediados de año, con la preadjudicación
de las obras ya realizada, de que el gobierno porteño no puede peatonalizar
calles por decisión propia: hace falta una ley votada por la Legislatura.
Mientras se cuentan votos para ver si eso es posible, el Ejecutivo decidió
cambiar la carátula del plan y las obras pasaron a ser de
"semipeatonalización", ya que se permitiría la circulación de automóviles,
con límites. Los vecinos de San Telmo se opusieron tan abiertamente al plan
que Chain tuvo que convocar el 30 de octubre a una audiencia pública en el
centro comunal de Defensa. Ahí se encontró con que setenta vecinos se habían
anotado para hablar y que los setenta le pidieron que se olvidara del
asunto.

La cosa se complicó porque, al mismo tiempo, se estaban levantando
adoquinados por toda la ciudad y los vecinos de San Telmo vieron estas obras
llegando a sus calles. Los vecinos de San Telmo Preserva obtuvieron una
medida cautelar de la Justicia porteña que paraliza la obra de la calle
Defensa. Y el 5 de noviembre obtuvieron otra, junto a la diputada porteña
Teresa de Anchorena –que preside la Comisión de Patrimonio en la
Legislatura– que manda al freezer toda obra pública que implique levantar
siquiera un adoquín en el Casco Histórico, el APH de San Telmo y sus "zonas
de influencia".

Como si tuvieran que aprovechar la capacidad ociosa, el gobierno mandó
entonces a levantar los adoquines de la calle Ituzaingó, en Barracas. Pero
los vecinos de Proteger Barracas también fueron a la Justicia, que en
cuestión de horas –tal vez se trate de un record– bajó una medida cautelar
que las prohíbe.

Por los barrios

Estas medidas cautelares fueron claras porque existe una ley específica, la
65, que simplemente prohíbe levantar los adoquinados en las Areas de
Protección Histórica y en el Casco Histórico. Barracas tiene un APH en
trámite, con lo que se le extiende el principio de aplicar la ley para que
la Legislatura pueda decidir sin que la piqueta decida por ella. Este
principio, paradójicamente, fue sancionado el año pasado por la Cámara
porteña para frenar a desarrolladores privados, y ahora es un freno para el
mismo gobierno porteño. "Lo que pasa es que el gobierno de la ciudad es el
nuevo enemigo del patrimonio –explica Facundo de Almeida, jefe de asesores
de la diputada Anchorena–. Están quebrando las propias leyes de protección y
manejo que tienen que aplicarles a los privados. Los vecinos terminan siendo
lo único que puede frenar este avance contra la ley."

Este avance se detecta en otros barrios también. En Caballito, Floresta,
Villa del Parque y Belgrano los vecinos están sacando fotos y alertando a
sus ONG sobre pavimentaciones que nadie quiere. "Son obras innecesarias, que
tienen oposición explícita de los vecinos y a las que nadie les encuentra la
menor utilidad", dice la diputada Anchorena, que explica que el consenso en
Buenos Aires parece ser que las relativamente pocas calles adoquinadas que
quedan cumplen una función de contención en los barrios.

Como definió a PáginaI12 una vecina de Villa del Parque, que vive sobre el
empedrado de Terrada y todavía recuerda cuando la calle era de tierra: "Con
los adoquines los autos van despacio, mejor que con un semáforo o un lomo de
burro. Hay menos accidentes que acá a la vuelta, donde hay asfalto. Y se
inunda menos. A mí me tiene preocupada que se les ocurra sacarlos".

Otros que se preocupan viven muy cerca, en la zona de Floresta que llaman el
Barrio Segurola. Con muchos pasajes, el Segurola es básicamente una
urbanización de los años treinta de manzanas pequeñas, muy arbolada y
tranquila. En la última semana de octubre, los vecinos recibieron unos
volantes que anunciaban que habían sido incluidos en el Prioridad Peatón y
que sus pasaje iban a ser "semipeatonalizados" con calzadas niveladas con
las veredas, bolardos, farolitos nuevos y hasta bancos. El 2 de noviembre,
los vecinos convocaron a una reunión en la plaza El Banderín para discutir
qué hacer. Se presentaron trescientos y decidieron enviarle un ultimátum al
ministro Chain para que se presentara y diera explicaciones.

Mientras esperaban respuesta, los vecinos del Segurola fueron a la
Legislatura a pedir ayuda en preservar su barrio, y se enteraron de que la
obra también era ilegal: los pasajes tienen un articulado en el Código
Urbano que prohíbe justamente nivelar veredas y calzadas. Lo que terminaron
deduciendo es que como no se iban a poder hacer las obras en Defensa, se las
estaban mandando para Floresta. El 12 de noviembre, un grupo de funcionarios
se presentó en la escuela Rosales, de la calle Mercedes, en nombre de Chain
y presentó un power point vendiendo los beneficios de la obra. Los vecinos
escucharon educadamente y cuando les tocó hablar se opusieron tan
rotundamente al plan, que la funcionaria a cargo del encuentro terminó
exigiendo que levantaran la mano, "a ver si era unánime". Cuando todas las
manos se alzaron, la funcionaria Fátima Micheo no supo qué decir.

Espacio Público

En San Telmo empezaban a calmarse con los amparos, pensando que iban a poder
frenar lo que llaman la "palermización" del barrio, cuando entró en acción
el ministerio que tiene alzada sobre las calles. Súbitamente, Ambiente y
Espacio Público pareció recordar el barrio y comenzó a realizar obras
abiertamente ilegales.

El ministro del área fue una elección curiosa del macrismo. Juan Pablo
Piccardo es ingeniero industrial y su carrera se destaca por haber sido
gerente de área en la consultora Arthur Andersen y CEO de la cervecera
Isenbeck. Un perfecto recién llegado al ambiente y al espacio público,
Piccardo permitió que sus subordinados comenzaran a colocar en la segunda
semana de noviembre unas flamantes columnas de iluminación en las calles de
San Telmo. Como esas calles son colonialmente estrechas, las columnas
terminan recostadas contra los muros de las casas. Y como San Telmo todavía
tiene una notable cantidad de casas de una planta, los vecinos terminan con
sus terrazas arrasadas por luces de gas de alta potencia. Más allá de la
estética, la legislación prohíbe colocar luminarias en el Casco Histórico y
el APH que rompan la estética patrimonial del lugar. Por eso abundan las
farolas de hierro de fundición amuradas a las casas, y por eso se retiraron
tantas columnas de alumbrado público de las calles.

En Estados Unidos al 700 tuvo otra idea también innecesaria e ilegal. Esa
cuadra de la vieja calle, trazada originalmente más por los caballos que por
los ingenieros del virreinato, es ligeramente más ancha que las demás. Esto
parece molestar el sentido de simetría del ministro Piccardo, y ya está en
marcha el ensanche de la vereda del lado sur para que la calzada quede igual
de estrecha que el resto. Pero los anchos también están protegidos por la
legislación del Casco Histórico, que el gobierno debería hacer cumplir.

"Nunca vi a los vecinos tan enojados –señaló a PáginaI12 Patricia Barral,
vecina y activista de San Telmo Preserva–. En Desarrollo Urbano habían
prometido no hacer más de estas obras inconsultas y resulta que Espacio
Público las hace. ¿No se hablan entre ministerios? Esta semana vamos a
presentar otro pedido de amparo para que frenen esto y vamos a pedir una
extensión de la protección de los adoquinados a toda la ciudad." "Esto no
puede seguir así."
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