[Agroecologia] “La ley Monsanto”//Médicos deberán denunciar las intoxicaciones

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Sab Oct 27 17:43:50 CEST 2012


Esto va de prólogo;

Cientos de personas reivindican en Bilbao la “soberanía alimentaria”

Ovejas y tractores han acompañado la marcha por el centro de la ciudad

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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/27/paisvasco/1351344114_610403.html  



“La ley Monsanto” en debate 


Semillas en debate

Fecha de Publicación: 25/10/2012

Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional


“La ley Monsanto.” Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro. “El proyecto de ley pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de nuestro pueblo”, denuncia una declaración conjunta del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).
“El proyecto de modificación de la ley está formulado a la medida de Monsanto. En el 2003 Monsanto anunció que discontinuaba su programa de mejoramiento de soja en el país ‘debido a la baja rentabilidad del negocio, que imposibilita mantener los niveles adecuados de investigación en Argentina’. Su reclamo específico era una nueva ley de semillas que le permitiera tener ‘seguridad jurídica’ en sus operaciones”, explicó Carlos Vicente, de la organización internacional Grain, que estudia el mercado de semillas y las corporaciones agrícolas.
El 21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja (RR2) junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el ministro y adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de regalias para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Ahora, las organizaciones campesinas y pequeños productores denuncian que no fueron convocados a debatir el proyecto que podría modificar su forma de producir alimentos. Solicitaron el proyecto al Ministerio de Agricultura y a la Comisión de Agricultura del Congreso, pero no lo obtuvieron. Recién un mes después, el proyecto fue filtrado a las organizaciones.
“Manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de semillas. Manifestamos la necesidad de analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa satisfaga las necesidades de los productores”, reclamaron los dirigentes argentinos de Maela y Rapal en una carta abierta dirigida a la Presidenta y al ministro de Agricultura. En las críticas sobresale la definición que se hace de productor (artículo 1). “Es reduccionista. Es grave porque de esa definición luego se deriva quiénes serán sujetos de derecho para conservar sus propias semillas”, explica. También apunta al artículo 4, de creación de una comisión nacional de semillas con “escasa o nula” participación de la agricultura familiar.
Las organizaciones reivindican el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. Según advierten, la decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es limitar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”. Con el proyecto de ley, el uso propio pasa de ser un “derecho” a transformarse en una “excepción”.
“El proyecto ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo”, denuncian el Movimiento Campesino Indígena (MNCI), Grain y Amigos de la Tierra en un documento llamado “Diez motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”. Las organizaciones firmantes alertan que el proyecto de ley crea condiciones para “expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país” y reclaman que el debate sea abierto a todos los sectores de la sociedad.
La Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue también cuestionó el proyecto de ley, propuso tomar como referencia la ley de Bolivia (considera la función social de la semilla) y solicitó “una indiscutible intervención del Estado que sostenga a las comunidades originarias y campesinas así como también a la ciudadanía toda en pos de proteger y alentar el libre intercambio de semillas. Es necesario imposibilitar la concentración, los derechos de la propiedad de las semillas y frenar el desarrollo del monocultivo en manos de multinacionales”.
La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (Compa), con presencia en 17 provincias, afirmó que el proyecto “atenta contra la diversidad y la producción de alimentos para el pueblo, ya que termina entregando su control a las corporaciones”. Lamenta que la “política agropecuaria priorice el agronegocios y la generación de retenciones por sobre la producción de alimentos santos para el pueblo”.
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Médicos deberán denunciar las intoxicaciones 

La nueva Ley de Agroquímicos exigirá a los médicos que hagan la denuncia en caso de que el paciente presente síntomas de intoxicación 

Fecha de Publicación: 24/10/2012

Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


El presidente de la Comisión de Producción del Senado, Oscar Arlettaz, adelantó que el proyecto de la ley que regulará el uso de agroquímicos incluirá “la denuncia obligatoria” por parte de profesionales médicos en caso de atender a un paciente con síntomas de intoxicación con estos productos. Además informó que tras esa presentación “se hará la investigación y se determinará la responsabilidad y se aplicará la sanción correspondiente si se demuestra que hubo intoxicación con agroquímicos”. El Legislador admitió que hoy “no hay prácticamente denuncias” al respecto y dejó ver la posibilidad de convocar al Ministerio de Salud para tratar el tema. Como se informó oportunamente, la Cámara Alta tiene en estudio un nuevo proyecto para regular el uso de agroquímicos en Entre Ríos.
Se trata de una propuesta del senador Enrique Cresto. La iniciativa, dejó atrás un proyecto de modificación de la ley de plaguicidas que tenía más de tres años de salida de Diputados con media sanción.
Tras destacar que “seguramente” se convoque al Ministerio de Salud para analizar la problemática de los agroquímicos en el marco de la futura normativa, el senador Arlettaz dijo que la cartera que hoy conduce Hugo Cettour “tiene que controlar que se haga la denuncia obligatoria cuando hay un posible caso de intoxicación”.
“Ésa es la responsabilidad: cuando llega una persona equis a un centro de salud de cualquier lugar de la provincia con un posible caso de intoxicación por agroquímicos, tiene que hacerse la denuncia obligatoria, eso está reglamentado”, señaló el Legislador a Apf.
Arlettaz admitió en ese sentido que hoy “no hay prácticamente denuncias” al respecto y afirmó que “lo que falla” en relación a la aplicación de los agroquímicos “son los controles”.
“Tenemos que entre todos ayudar a que se pueda controlar la ley”, opinó el Senador luego de expresar satisfacción por el diálogo mantenido en torno al proyecto con entidades que agrupan a productores rurales. 







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