[Redcercana] Rv:Son 51 mil los desaparecidos en Colombia en las últimas décadas
Merce
mimecha2 en yahoo.es
Mar Dic 21 10:53:25 CET 2010
Buenos días, deseo compartir con vosotras algunas noticias donde se refleja la
dimensión de los efectos del conflicto en Colombia. Valorando su dimensión como
movimientos sociales no podemos aceptar medidas paliativas, queremos garantías
de no repetición porque sería horrendo para el futuro no atajar las causas del
conflicto. Ya tenemos bastante espejos, por ejemplo nuestras hermanas de
Guatemala, de negociación o de impunidad que después de 10 / 20 años lo único
que tienen es más violencia e impunidad.
abrazos
Mercedes
"Como mujer no tengo patria, el mundo entero es mi tierra" V. Wolf
http://www.eltiempo.com/justicia/51-mil-desaparecidos-en-las-ultimas-decadas-en-colombia-_8584522-4
La cifra se reveló en el estudio 'Rompiendo el Silencio: en busca de los
desaparecidos de Colombia'.
51.000 y contando. Es la cifra de personas "desaparecidas" en Colombia a lo
largo de las últimas décadas y que hace parte de un nuevo informe publicado en
Washington que usa como fuente para sus conclusiones a la Fiscalía General y la
Comisión Nacional de Búsqueda, creada por el Congreso en 2007 para llegar al
fondo del asunto.
El estudio fue realizado por el Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG) y la
Oficina en Estados Unidos sobre Colombia
(http://lawg.org/storage/documents/Colombia/RompiendoElSilencio.pdf).
Según el reporte, de acuerdo con la Fiscalía de esas personas, al menos 32.000
serían "desapariciones forzosas", cometidas por guerrillas, paramilitares y
miembros de la Fuerza Pública.
De acuerdo con los autores, si bien se piensa en Chile o Argentina cuando se
habla de este tipo de desapariciones, las nuevas estadísticas le están dando
dimensión a esta tragedia y ponen a Colombia a la cabeza de este tipo de
crímenes en el mundo.
Para los autores del estudio, lo peor es que la cifra podría ser mucho más
alta.
"Desde 2007, el gobierno colombiano viene mejorando el proceso mediante el cual
se registran las desapariciones forzadas en el país. A medida que los casos
nuevos y viejos se van registrando en una base de datos consolidada, los números
se elevan dramáticamente mes a mes", dice el reporte.
Según el estudio, la propia base de datos del gobierno demuestra que cada mes se
están añadiendo hasta 1.000 casos de desapariciones, entre nuevos y viejos.
En los tres años que lleva operando la Comisión se han registrando 1130 casos de
nuevas desapariciones forzadas. Y el número podría ser bajo pues muchos de estos
crímenes no se reportan o tardan tiempo en aparecer en el sistema.
Del total de desapariciones forzadas, dice el estudio, a la fuerza pública se le
está investigando por más de 3.000, algunos casos asociados con los llamados
falsos positivos.
Si bien el país hay un "marco jurídico avanzado para encarar las
desapariciones", este rara vez es aplicado con firmeza y menciona como solo dos
paramilitares que confesaron crímenes han sido condenados en este marco de
justicia transicional.
Así mismo, el estudio dice que los parientes de los desaparecidos enfrentan
muchos obstáculos y en muchos casos de les estigmatiza pues se presenta a las
víctimas como guerrilleros que merecieron su suerte.
"Son pocos los casos de desapariciones que lograron llegar a juicio. El derecho
de los familiares a participar plenamente en la búsqueda de sus seres queridos y
de justicia está reconocido en lo abstracto pero no se cumple en la realidad. A
los familiares se les ha forzado a declarar muertos a sus seres queridos y a
detener la búsqueda a cambio de poder recibir la asistencia financiera que se
ofrece a las víctimas", dice el estudio.
Para las ONG, el tema de las desapariciones dista mucho de ser un tema del
pasado.
"La tarea que enfrenta Colombia no sólo es encontrar a los desaparecidos y hacer
justicia con las miles de desapariciones forzadas que han ocurrido en los
últimos treinta años. El desafío es terminar con la práctica de las
desapariciones, porque en Colombia, todas las semanas, hay personas que siguen
desapareciendo", dicen.
El informe incluye, a su vez, una lista de recomendaciones tanto para Colombia
como para EE. UU.
- El gobierno colombiano debería fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda
garantizando una participación interagencial de alto nivel y la puesta en
práctica de sus recomendaciones, y debe fortalecer y dar fondos suficientes al
Centro Único Virtual de Identificación. Debería cerciorarse de la enérgica
aplicación del Plan Nacional de Búsqueda para localizar a los desaparecidos,
fortalecer la base de datos centralizada y realizar análisis públicos de las
cambiantes estadísticas de desapariciones forzadas.
-El gobierno colombiano debería elaborar una estrategia oficial para garantizar
los derechos de las víctimas durante las búsquedas, exhumaciones y procesos jud!
iciales, brindar protección a los parientes de las víctimas de desapariciones y
a los testigos, y verificar que los familiares de las víctimas puedan obtener
asistencia humanitaria sin un certificado de defunción.
-El gobierno de EE. UU. debería instar al gobierno colombiano a tomar todas esas
medidas. La United States Agency for International Development (Usaid) debería
ampliar los fondos que actualmente otorga a las asociaciones de familiares de
desaparecidos, organizaciones de derechos humanos y organizaciones
independientes que tienen experiencia en el campo forense y de personas
desaparecidas, con el objetivo central de educar a los familiares de las
víctimas en sus derechos, además de brindar asistencia legal y humanitaria.
-La Usaid debería usar sus fondos para lograr proyectos conjuntos entre la
sociedad civil, la academia y el gobier! no a fin de aumentar el nivel de
conocimiento sobre la problemática y elaborar una mejor política pública para
enfrentar el fenómeno de las desapariciones. El gobierno de EE. UU. debería
ampliar los fondos que actualmente otorga para asistencia técnica y capacitación
para extraer muestras de ADN a los familiares, investigar cementerios y realizar
exhumaciones.
-El Departamento de Estado de EE. UU. debería usar el proceso de certificación
en derechos humanos para motivar al gobierno colombiano a investigar y sancionar
efectivamente los casos de desapariciones en los que las fuerzas armadas están
imputadas de participar, al igual que en casos de amenazas y ataques contra
asociaciones de familiares y víctimas. El Departamento de Estado debería
suspender la asistencia a unidades de las fuerzas armadas colombianas que estén
imputadas de participar en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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