[Quideuaquitarragona] Resumen de Qui-deu-a-qui, Vol 46, Envío 21

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Asuntos del día:

   1. Nota de prensa: Endeudar más a África no es la salida para
      salvar la economía española (gemma.tarafaaodg.cat)
   2. Ecuador post auditoría de la deuda (Iolanda Fresnillo)


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Message: 1
Date: Fri, 23 Jan 2009 14:41:39 +0100 (CET)
From: gemma.tarafaaodg.cat
Subject: [Qui-deu-a-qui] Nota de prensa: Endeudar más a África no es
	la salida para salvar la economía española
To: qui-deu-a-quiamoviments.net
Message-ID: <1381.77.224.12.53.1232718099.squirrelamail.odg.cat>
Content-Type: text/plain;charset=iso-8859-1

NOTA DE PRENSA (por favor re-enviar a vuestros contactos de medios
locales, gracias)

NO EN NUESTRO NOMBRE
Endeudar más a África no es la salida para salvar la economía española

La campaña ¿Quién debe a quién? quiere expresar su más profundo rechazo
al nuevo plan del Ejecutivo central mediante el cual pretende destinar
100 millones de euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD),
para financiar proyectos que favorezcan la exportación de
infraestructuras a África.

Este plan, que tiene por objetivo impulsar la internacionalización de
las empresas españolas, endeudará más todavía a los países receptores.
Así es: los créditos FAD son el principal instrumento generador de deuda
externa del Estado español en terceros países. Estos créditos se otorgan
a los países receptores en mejores condiciones financieras que las del
mercado, lo cual los hace más atractivos que los créditos comerciales.
Sin embargo, el estado receptor se endeuda sin disponer de libertad de
contratación para la ejecución de los proyectos, ya que los FAD se
otorgan bajo la condición de compra de bienes y servicios españoles.

Con ello, además de endeudar al país y obligar a que éstos desatiendan
parte de sus necesidades internas (hay países que destinan más del 30%
de su presupuesto interno al pago de esa deuda), se destruye las
capacidades locales de crear un tejido industrial propio. Tratándose de
una empresa española quien ejecuta los proyectos que financian esos
créditos, la mayoría de los beneficios recaen en la economía española y
no en la de los países empobrecidos, una característica inapropiada para
un instrumento cuya finalidad principal debiera ser el desarrollo de los
pueblos empobrecidos.

El Gobierno justifica esta medida para diversificar e incrementar la
actividad exportadora de España, mejorar la imagen y el posicionamiento
del país en los mercados internacionales y hacer del sector "una punta
de lanza en la lucha contra la crisis", lo cual nos parece del todo
irrazonable tratándose de un mecanismo que se contabiliza como Ayuda
Oficial al Desarrollo. Además, no pensamos que endeudar más a los países
africanos sea la fórmula para salir nosotros de una crisis en la que
ellos también están metidos.

Además, la campaña ¿Quién debe a quién? quiere denunciar la voluntad del
Gobierno de flexibilizar los seguros por cuenta del Estado gestionados
por la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE),
ya que éstos son el segundo mecanismo por el que se genera deuda en los
países empobrecidos.

La campaña considera que antes de seguir promoviendo dichos instrumentos
generadores de deuda el Gobierno central debería de afrontar sin más
dilaciones (llevando ya más de un año de retraso) la reforma legal del
FAD y de CESCE, tal y como está obligado por la Ley 38/2006, del 7 de
diciembre, reguladora de la Gestión de la Deuda Externa en su
disposiciones transitorias primera y tercera, respectivamente.

Exigimos que en dichas reformas se prioricen los derechos humanos,
económicos, sociales, culturales y ecológicos de los pueblos receptores
de estos fondos por delante de los intereses comerciales españoles, así
como que se elimine la utilización de instrumentos crediticios como los
créditos FAD de la Ayuda Oficial al Desarrollo. De la misma manera,
demandamos que en estas leyes se establezcan los mismos niveles legales
de responsabilidad de las empresas receptoras que aquellos que
actualmente están en rigor en el Estado español.

Por todo ello, exigimos al Gobierno que antes de llevar a cabo los
planes previstos presente de manera inminente un proyecto de reforma del
FAD y CESCE, que pueda ser debatido en profundidad con el conjunto de la
sociedad civil preocupada por la justicia social y el desarrollo
integral y humano de los pueblos empobrecidos del Sur, los cuales han
tenido que sufrir durante 30 años de unos instrumentos tan perjudiciales
e ineficaces para su desarrollo.


Más información:

Gemma Tarafa - 677 492 513
Dani Gómez-Olivé 660 665 934
Tom Kucharz – 619 94 90 53




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Message: 2
Date: Fri, 23 Jan 2009 18:17:54 +0100
From: Iolanda Fresnillo <iolanda.fresnilloaodg.cat>
Subject: [Qui-deu-a-qui] Ecuador post auditoría de la deuda
To: qui-deu-a-quiallistes.moviments.net,
	deuda-2005allistes.moviments.net
Message-ID:
	<6c45c60d0901230917m603ed7efk8704c88ef5b323fcamail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="windows-1252"

 Ecuador post auditoría de la
deuda<http://www.latindadd.org/modules/AMS/article.php?storyid=761>

  *Nora Fernández Mora / CDES - Latindadd*

La creación en el Ecuador de la Comisión para la Auditoría Integral del
Crédito Público (CAIC), por parte del Gobierno ecuatoriano, como respuesta a
la demanda de los movimientos y organizaciones sociales ecuatorianas, que
venían denunciando el costo financiero, social y ecológico de la deuda se
constituyó en un paso fundamental, no solo para el Ecuador, sino para toda
la región y los países del Sur en la lucha contra de la dominación de la
deuda.

Desde Julio de 2007, la CAIC llevó a cabo el gran desafío de efectuar la
primera auditoría integral oficial de la deuda pública que incluía su
análisis legal, financiero, económico, social y ecológico a fin de
determinar la legitimidad y legalidad de los reclamos de deuda externa e
interna acumulados entre 1976 y 2006.

Los resultados de la auditoría son contundentes. Desde la década de los
setenta, a pesar de que Ecuador vivía una etapa de bonanza petrolera que
hacía innecesaria la adquisición de deuda externa, el Gobierno de la
dictadura militar inicia un proceso agresivo endeudamiento -entre 1976 y
1980 esta pasó de 636 millones a 3,530 millones de dólares. La posterior
sucretización (estatización) de la deuda privada, así como las
renegociaciones que han producido capitalización de los intereses en los
Bonos Brady y Global y su compra a precios superiores a los del mercado, la
renuncia a declarar la prescripción de tramos de la deuda comercial, son
algunos de los hallazgos revelados el 20 de noviembre de 2008, durante la
presentación del informe de auditoría que había generado expectativas desde
que el Gobierno anunció su decisión de declararse en moratoria técnica al no
pagar $30,5 millones en intereses sobre los bonos Global 2012 que vencían el
15 de noviembre, a la espera del informe de las investigaciones.

Consecuentemente, durante la histórica presentación, el Presidente Correa
anunció que se "buscaría sancionar a los culpables y no pagar la deuda
ilegítima", así como el inicio de las causas judiciales contra los
responsables nacionales y el comienzo de un proceso arbitral en París contra
el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), por los créditos que
fueron otorgados a la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de
una represa hidroeléctrica cuyo proceso de contratación está rodeado de
graves irregularidades y su funcionamiento tuvo que ser suspendido por
fallas técnicas, luego de menos de un año de operaciones.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2008, en medio de muestras de respaldo
y la expectativa nacional e internacional el Presidente Correa anuncio el
default de los Bonos 2012 y la moratoria técnica de $30,5 millones de
intereses de los Bonos 2015. Sin embargo este anuncio incluyó la preparación
de un plan de reestructuración de los bonos a los acreedores, posibilidad
que sin duda marcaría el rumbo que tomaría la estrategia gubernamental ante
la deuda ilegítima.

Internamente, tanto la auditoría de la deuda externa como el compromiso de
no pagar varios tramos de la misma, considerados ilegítimos e ilegales,
volvieron a colocar a la deuda externa en medio del debate nacional. Por un
lado, las organizaciones y movimientos sociales consideraron que era un gran
paso para afirmar el destino soberano del Ecuador y poner de manifiesto que
existen otros caminos para encarar la problemática de la deuda. Por otro
lado, los analistas económicos, ex-ministros de finanzas y empresarios
trataron de deslegitimizar el informe calificándolo como ideológico-político
y no técnico, mientras que las medidas adoptadas fueron señaladas como
irresponsables al aumentar el riesgo país, cerrar las líneas de crédito para
el sector público y privado, y sobre todo porque ponían en riesgo la buena
reputación del país al declararse en default por segunda vez en una década,
pero siendo más grave ahora ya que se dejaba de pagar teniendo suficientes
recursos para hacerlo, lo que sin duda era un irrespeto al mercado y a los
acreedores. Finalmente, frente al amplio debate que sigue dándose hasta hoy,
el 60% de la población apoyo la decisión de no pago del Presidente de la
República.

Por su parte el Gobierno ecuatoriano, con el envió de varias delegaciones
oficiales, emprendió una campaña regional para explicar la moratoria de su
deuda e invitar a los demás países a realizar auditorías similares en la
Región; teniendo como resultado la solidaridad pública de los países
miembros del ALBA, el Parlatino, los gobiernos centroamericanos y el apoyo
enfático de los Presidentes de Venezuela, Paraguay(1)y Bolivia quienes, en
el marco de la Cumbre de América Latina y El Caribe, defendieron la
necesidad de auditar las deudas externas en los países de la región.

Uno de los principales voceros de esta campaña fue sin duda el Presidente
Correa quien dejo en claro que la moratoria de la deuda comercial fue
declarada por la ilegalidad y abuso de la deuda y no por faltas de recursos
debido a la crisis financiera internacional. Al mismo tiempo, en sus
intervenciones locales e internacionales dejo entrever que el Gobierno
ecuatoriano buscaría una salida de mercado a través de la presentación de
una propuesta de reestructuración a los acreedores, aunque también se
planteó la posibilidad de judicializar la deuda ilegítima ante tribunales
internacionales si es que esta no era aceptada.

Paralelamente a esta campaña, el cuestionamiento ante la Corte Comercial
Internacional (CCI) del contrato por un préstamo con el BNDES, llevó a una
aguda tensión de las relaciones bilaterales con Brasil, país que llamó a su
Canciller en el Ecuador a consulta. Paradójicamente, este impasse fue dado
por superado en la Cumbre de América Latina y El Caribe, luego de que el
Gobierno ecuatoriano se comprometiera a realizar el pago de los intereses
del crédito con el BNDES mientras se lleve a cabo el arbitraje
internacional.

En el Ecuador, por un lado la Fiscalía General de la Nación llamó a declarar
a los ex?Presidentes Alfredo Palacio (2005-2007), Lucio Gutiérrez
(2003-2005), Gustavo Noboa (2000?2003), Fabián Alarcón (1997-1998), Sixto
Durán Ballén (1992?1996), Rodrigo Borja (1988-1992) y Osvaldo Hurtado
(1981?1984). Mientras que por otro, se empezaron a correr rumores de
recompra de bonos Global con recursos del Banco del Pacífico(2) y del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este último desmentido por la
Ministra de Finanzas recientemente.

A finales del 2008, el Ministro Coordinador de la Política Económica anunció
la intención de recompra unos 3.230 millones de dólares de los Bonos Global
2012 y 2030 con un descuento en el capital de al menos 70% que se obtendría
mediante subastas a la inversa, es decir que en lugar de partir del precio
del mercado y provocar una subida, el Gobierno ecuatoriano fijará un valor
inicial de la recompra que seguirá bajando conforme los tenedores vayan
vendiendo. Ya en este anuncio el ministro hablo de un trato diferenciado a
los Bonos Global 2015 por "no ser parte de la deuda considerada ilegítima".

Esta postura fue tomando fuerza con las declaraciones del Presidente de la
República que ha inicios del nuevo año, reiteró que el Gobierno hará una
propuesta de recompra de la deuda externa a los acreedores y que en esa
línea se continuaría analizando qué tramos de ésta es legítima o ilegítima,
a partir del cual se podría dar un tratamiento diferente a los bonos Global
2015 (650 millones), que se emitieron en el año 2005 donde el país no tenía
ninguna presión, y sin embargo se firmaron clausulas como el crossed
default(3). Finalmente, el 13 de enero se anuncio el pago de los intereses
de estos Bonos. Previamente, Correa anuncio que Ecuador continuará pagando
al BID y la CAF, parte de los organismos multilaterales a los que se adeuda
4,251 millones de dólares.

Estos anuncios provocaron el rechazo inmediato de las organizaciones
sociales de izquierda que se sienten traicionadas y la crítica de la derecha
que acusa al Gobierno de poca seriedad en el manejo del tema, favorecer a
los especuladores y utilizar la política económica como mecanismo para
obtener votos a puerta de las elecciones presidenciales de Abril del
presente año. ¿Pero qué explica estas medidas al parecer contradictorias del
Gobierno ecuatoriano? ¿Por qué se anunció el no pago de la deuda ilegítima y
posteriormente se optó por pagar los intereses de los bonos 2015 a sabiendas
que de acuerdo a la cláusula pare passu, contemplada en los contratos, los
dineros desembolsados para estos bonos pueden ser destinados al pago de los
bono 2012 declarados en defaulf(4)?

Algunos analistas económicos hablan de una estrategia para dividir a los
tenedores de bonos(5) y así evitar que se organicen e inicien posibles
demandas internacionales en contra del Ecuador. Aunque esta hipótesis es muy
válida, si se analizan las declaraciones gubernamentales alrededor del tema
a partir de la presentación del informe de auditoría, estaba claro que el
Gobierno de la revolución ciudadana se inclinaría por una salida que dé
prioridad a la reducción y alivio de la deuda antes que a la judicialización
o impugnación de la deuda ilegítima.

Posiblemente, esta posición más pragmática responda a los efectos de la
crisis económica internacional en la coyuntura económica ecuatoriana, y
principalmente en los ingresos del Estado ocasionado por la reducción
drástica de los precios del petróleo(6), de cuyo valor depende
mayoritariamente el Presupuesto General del Estado y por ende las
inversiones en el Programa Social del Gobierno (salud, educación, vivienda,
subsidios, bonos) y en la construcción de nueva infraestructura.

A esto hay que sumar que el Ecuador tiene como régimen monetario la
dolarización, que desde su instauración ha dado a la población la sensación
de seguridad y estabilidad financiera, la cual ante un aparato productivo
débil también depende de la cantidad de dólares que entren vía exportaciones
?principalmente petroleras- y las remesas de migrantes, ambas venidas a
menos como consecuencia de la crisis económica internacional, que también ha
provocado una inflación del 8,83%(7) (5,41% superior a la tasa del 2007) y
una balanza comercial no petrolera de USD$ -6,198 millones (83% peor que en
el 2007).

Sin duda, la situación económica ayuda a entender las decisiones del
Gobierno ecuatoriano con respecto a la deuda, pero también es cierto que los
ecuatorianos nos hemos acostumbrado cada vez más a estas aparentes
contradicciones y los continuos dilemas de ser o no ser a los que se
enfrenta la revolución ciudadana.

*Notas.*
1. Paraguay anunció una revisión de la deuda bilateral con Brasil por la
construcción de la represa Itapú.
2. Banco que a partir de la crisis financiera ecuatoriana de 1999 paso a la
propiedad del Estado.
3. Si no se paga los bonos 2015, igual se entra en mora los Bonos 2012 y
2030.
4. De acuerdo a esta cláusula los tenedores pueden solicitar a una corte o a
los bancos que se encarguen del cargo o la distribución proporcional de esos
recursos. Incluso los tenedores de los Bonos 2030 pueden declarar el plazo
vencido de las obligaciones y el pago inmediato de la totalidad de la deuda.

5. Ver declaraciones de Ramiro Crespo en www.elcomercio.com
6. Los precios de barril del petróleo ecuatoriano se redujeron en los
últimos seis meses de cerca de $120 a $35.
7. Ecuador es el tercer país con inflación más alta en Sudamérica.

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