[LaCrisi-paguinElsRics] Anemoi es un colectivo de militares

[Josep cobas]

Y sobre nuestro país la vergüenza de romper absoluta y definitivamente 
con las nomas de "derecho humanitario" del tratado de Roma, que tipifica 
y castiga los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Hay 
que recordar que un acuerdo del bipartito modificó el Código Penal en 
tiempos ya de Zapatero, para impedir la persecución de esos delitos 
cometidos en "guerras no declaradas" y la persecución de los mismos por 
la Audiencia Nacional. Además los EEUU niegan la jurisdicción del 
Tribunal de Roma a sus tropas y funcionarios en ningún lugar del mundo y 
aplican la misma impunidad a sus aliados. Javier Solana (guerra de 
Yugoslavia), Aznar (guerra de Irak y de Afganistán), Zapatero (guerra de 
Afganistán, escala en aeropuertos españoles de aviones que servían de 
pequeños centros de tortura en vuelos hacia Guatánamo, guerra de Libia) 
se liberarían de la posibilidad evidente, junto con algunos altos mandos 
militares y ejecutores directos, de ser procesados por uno o varios de 
esos crímenes nefandos.

El abrazo entre Zapatero y Toni Blair (uno de los miembros del /Trío de 
las Azores/), hace pocos días, escenificó la realidad encubierta hasta 
ahora: el "pacto de supervivencia a toda costa y contra el pueblo" entre 
los señores de la guerra que son también responsables de la crisis.

*Ley de Seguridad Privada: las bases para la legalización de un "enorme 
ejército paramilitar" al servicio de los poderosos*

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Comunicado

*Otro paso más en el "golpe de estado" encubierto*

Denunciamos la aprobación de la *Ley de Seguridad Privada*,

como la instauración de "cuerpos parapoliciales" al servicio de la 
oligarquía

y de su /Régimen/ antidemocrático

*Anemoi *

La aprobación por el Congreso de los Diputados del nuevo Proyecto *de 
Ley de Seguridad Privada* supone una nueva vuelta de tuerca al profundo 
recorte de libertades en que los gobernantes del Partido Popular están 
sumiendo a los ciudadanos y ciudadanas de este país.

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*Un gigantesco "paquete represivo"*

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La Ley de Seguridad privada se inscribe en un conjunto legislativo 
fuertemente represivo, que incluye las anunciadas reformas del Código 
Penal, del Código Penal Militar y la nueva Ley de Protección de 
Seguridad Ciudadana. De esta última -en fase de anteproyecto- no se 
conoce otra cosa que las terribles sanciones previstas por el Gobierno 
para reprimir las protestas sociales por vía administrativa y sin 
protección judicial alguna. En la práctica liquida los derechos 
constitucionales de reunión y manifestación e introduce la arbitrariedad 
administrativa y la aparición de algunos excesos policiales fomentados 
por los responsables políticos.

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*Código Penal: "ojo por ojo" y "años de plomo"*

*//*

En la reforma del Código Penal se introducirá la nueva pena de "cadena 
perpetua revisable" que elimina la posibilidad de reinserción social y 
vuelve al "/ojo por ojo/" de la justicia estrictamente punitiva.

La aplicación a supuestos de "terrorismo", unida a la facilidad con la 
que el Gobierno aplica este concepto a la protesta y a la indignación 
social, hace prever el comienzo de un nuevo ciclo de "años de plomo" 
como los de la "larga noche del franquismo".

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*Código Penal Militar: "estado de excepción permanente", impunidad para 
los crímenes de guerra y 100.000 potenciales "soldados Manning" *

La modificación del Código Penal Militar (de la que la que solo se 
conocen algunas "ideas generales") apunta al corazón mismo de la 
activación de un /Régimen/ en "/estado de excepción permanente/". El 
Gobierno podrá activar el "estado de sitio" que prevé la Constitución de 
1978, con suspensión de todos los derechos políticos y de las garantías 
constitucionales no solo en caso de "guerra declarada" con aprobación 
del Parlamento, sino en los supuestos de "existencia de un conflicto 
armado".

Por otra parte la reforma prevé la aplicación a civiles de delitos 
específicamente militares, como el de rebelión, en caso de que con su 
actuación entorpezcan las acciones militares o publiquen datos 
considerados reservados. En consecuencia, la denuncia, publicación o 
difusión de informaciones como la del "video de Irak", las actividades 
del CNI en zona de combate, el adiestramiento de las unidades operativas 
en técnicas de tortura, o la matanza deliberada de un cámara como José 
Couto, por poner ejemplos que han sido publicados en los medios, e 
ignorados o bloqueados por las autoridades judiciales, constituirán 
delitos castigados con grandes penas. También, evidentemente, la 
exigencia de una investigación independiente --y el castigo de los 
culpables-

En relación con los propios militares, la reforma del su Código Penal 
--que implica la aplicación para situaciones de "guerra no declarada"-, 
supone la imposibilidad de denunciar delitos de lesa humanidad o de 
negarse a participar en ellos. La sombra del soldado Manning --condenado 
a cadena perpetua por denunciar decenas de miles de asesinatos, torturas 
y vejaciones en Irak y Afganistán, incluidos los de civiles-, pende 
sobre nuestros profesionales como una losa de plomo.

Y sobre nuestro país la vergüenza de romper absoluta y definitivamente 
con las nomas de "derecho humanitario" del tratado de Roma, que tipifica 
y castiga los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Hay 
que recordar que un acuerdo del bipartito modificó el Código Penal en 
tiempos ya de Zapatero, para impedir la persecución de esos delitos 
cometidos en "guerras no declaradas" y la persecución de los mismos por 
la Audiencia Nacional. Además los EEUU niegan la jurisdicción del 
Tribunal de Roma a sus tropas y funcionarios en ningún lugar del mundo y 
aplican la misma impunidad a sus aliados. Javier Solana (guerra de 
Yugoslavia), Aznar (guerra de Irak y de Afganistán), Zapatero (guerra de 
Afganistán, escala en aeropuertos españoles de aviones que servían de 
pequeños centros de tortura en vuelos hacia Guatánamo, guerra de Libia) 
se liberarían de la posibilidad evidente, junto con algunos altos mandos 
militares y ejecutores directos, de ser procesados por uno o varios de 
esos crímenes nefandos.

El abrazo entre Zapatero y Toni Blair (uno de los miembros del /Trío de 
las Azores/), hace pocos días, escenificó la realidad encubierta hasta 
ahora: el "pacto de supervivencia a toda costa y contra el pueblo" entre 
los señores de la guerra que son también responsables de la crisis.

*Ley de Seguridad Privada: las bases para la legalización de un "enorme 
ejército paramilitar" al servicio de los poderosos*

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Finalmente, *el Proyecto de Ley de Seguridad Privada*, a discusión en el 
Senado y --previsiblemente-, de inmediata aplicación,eleva el listón de 
la barbarie hasta límites absolutamente intolerables.

La Ley no pretende institucionalizar la prestación de servicios de 
seguridad de forma subsidiaria o restringida a la defensa de los 
intereses específicos de particulares, sino de manera "complementaria" 
al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) del Estado.

Esto es, la seguridad y la defensa de los derechos y libertades y el 
monopolio del uso de la fuerza no será ya competencia exclusiva de las 
Fuerzas de Seguridad, sino de las empresas de seguridad privada. Los 
efectos son escandalosos.

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*Negocio de ricos, cárcel de pobres*

En primer lugar "los guardias de seguridad privados" van a reemplazar a 
los funcionarios públicos en aquellas áreas de actividad punitiva como 
la gestión carcelaria. El Estado las entrega al negocio privado porque 
tienen una rentabilidad asegurada.

Dicho con la máxima claridad; la aplicación de las "condenas 
incrementadas" del sistema de *Tolerancia Cero* que se va a implantar 
con la reforma del Código Penal, va a aumentar en progresión geométrica 
la población carcelaria con los que el negocio va a ser fabuloso.

Otra de las consecuencias del sistema (también implantado en Europa por 
Blair) va a consolidar el sistema carcelario como un "/gueto 
discriminatorio/" al que no van los poderosos. La cárcel --como en EE 
UU, país origen del sistema-, se convertirá en un "modo de vida" para un 
número gigantesco de personas.

Hay otros aspectos de la Ley de Seguridad Privada, mucho más 
escandalosos y preocupantes, que llaman a la revuelta ciudadana.

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*Motivos para una revuelta ciudadana: policías que no son policías, 
"impunidad blindada", algún que otro torturador en sus filas, 
indefinición del armamento y posible uso de armas letales*

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La Ley autoriza la utilización de los servicios de "seguridad privada" 
en espacios abiertos, sean de interés público (cárceles, CIEs) o 
privados (conciertos o celebraciones realizados en suelo público para 
una entidad privada), bajo *la supuesta supervisión de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y en "idénticas condiciones" que las de 
éstas*.

Para ello, se les ofrece el poderosísimo blindaje, que respaldará 
cualquier atropello, de su consideración como "autoridad del estado".

Eso quiere decir que cualquier nimiedad puede ser considerada como un 
delito de "resistencia, insulto o desobediencia a la autoridad" y 
condenada con las gravísimas penas que se aplicarán tras las 
modificaciones en curso del Código Penal y de la Ley de Protección de la 
Seguridad Ciudadana.

Las condiciones para que se autorice su actuación en espacios públicos 
no quedan nada claras y, mucho menos, en qué circunstancias y con qué 
requisitos han de ser considerados "autoridad del estado".

Otro aspecto gravísimo es la vaguedad con la que se habla de las las 
"armas y medios de defensa" que pueden utilizar. Únicamente se alude a 
que estos medios no deben estar prohibidos por el Reglamento de Armas. 
Pero nada acerca de las condiciones en que su uso es legítimo, salvo las 
habituales y difusas de "congruencia y proporcionalidad".

Eso es claramente insuficiente no sólo por la explícita vaguedad en 
cuanto a las "armas y medios de defensa" sino porque hoy existen 
multitud de medios considerados "defensivos" por el Reglamento de Armas 
que, sin estar explícitamente prohibidos, han sido reiteradas veces 
cuestionados por las organizaciones de derechos humanos como potenciales 
medios letales o desproporcionadamente lesivos si no son empleados bajo 
un control muy estricto: armas de electrochoque, aerosoles de gases 
paralizantes, pelotas de goma o balas de plástico, etc.

De hecho, su uso está muy limitado entre las propias Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. La laxitud con que se trata este aspecto en la 
ley permite anticipar un coladero para la irrupción masiva de los medios 
más sofisticados que la imaginación humana pueda concebir, sin otro 
requisito que el que el Reglamento de Armas no los prohíba.

-Entre los requisitos para acceder a la profesión, sorprende que no se 
vete explícitamente a aquellas personas que hayan estado involucradas en 
violaciones de derechos humanos, como ha sido el caso de famosos 
torturadores propietarios o empleados en empresas de seguridad y 
espionaje. Y los requisitos formativos exigidos son también demasiado 
laxos, si se tiene en cuenta que, de facto, se les quiere convertir en 
"agentes de la autoridad".

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*Hacia la formación de un "ejército paramilitar"*

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-Con todo ello, lo más preocupante del Proyecto de Ley reside en la 
escasa atención que se le presta a la transparencia en su función y a 
los sistemas de rendición de cuentas.

Ya de por si resulta clamoroso el déficit existente en la legislación 
actual con respecto a mecanismos independientes de recepción e 
investigación de denuncias contra la policía, desatendiendo todas las 
normas de los organismos internacionales a las que está obligado el 
Estado Español. Pero si se va a permitir a las empresas de seguridad 
ejecutar funciones propias de la policía, que tiene que afrontar la 
protección de la seguridad mediante la restricción de derechos, su 
interesada omisión en el proyecto habla bien a las claras de su fin 
último: se encargarán de hacer el trabajo sucio sin estar sometidos a 
los quisquillosos escrutinios que encorsetan a las policías públicas.

Esta "impunidad reglada" es lo que caracterizaba en otros tiempos a los 
"somatenes"; y hoy en día a las fuerzas paramilitares, entusiásticamente 
empleadas y fomentadas en todo el planeta por los más acérrimos 
neoliberales.

El ejercicio de la violencia sin límite para defender intereses, ajenos 
a todo control democrático.

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*El PP ultraliberal y parafascista quiere un ejército privado*

Cumple este proyecto, además, otra función, cual es la de extender sin 
desmayo el modelo neoliberal de privatizar todas cuantas funciones 
públicas puedan ser susceptibles de generar negocio. Se alega reducción 
de los costes, pero es a costa de sacrificar los derechos de los 
trabajadores. Pobre cualificación, escaso control y nichos de negocio 
cuidadosamente seleccionados y con la certeza de que la seguridad es un 
filón inagotable; estos son los ingredientes de la nueva receta que se 
está tratando de filtrar.

Hay que señalar aquí el interés de destacados miembros del PP en la 
extensión de este modelo, por su importante participación en empresas de 
seguridad privada, como ya denunciara Arzalluz, hace unos años, con 
ocasión de la negativa del gobierno de Aznar a autorizar un aumento de 
la plantilla de la Ertzaintza.

Por último, hay que destacar la ausencia de toda referencia, ni de 
aplicación ni de exclusión, a las compañías de seguridad privada que 
están operando a bordo de buques nacionales, como sucede en aguas del 
océano Índico, legalmente, territorio nacional. En este caso, se emplean 
armas de guerra en un contexto de virtual inexistencia de autoridad, lo 
que los convierte, ahora sí, en verdaderos paramilitares a los que no se 
les exige ningún respeto al derecho internacional humanitario, 
permitiendo que sigan operando en un auténtico limbo legal que favorece 
su negocio.

Lo peor de todo es que con esta ley se rebajan dramáticamente los 
estándares de calidad de un servicio público que pone en riesgo la 
integridad de las personas, en un esfuerzo desesperado del PP por 
imponer su modelo de "orden público", en el que los derechos de los 
ciudadanos son desechables, tal como hacía el franquismo.

*Otro paso más en el "golpe de estado" encubierto*.

*Anemoi*hace una llamada a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado para que se opongan a la existencia de este ejército paramilitar 
que va a imposibilitar su actuación en defensa de los derechos de los 
ciudadanos; a deshonrar su trabajo de protección de la ciudadanía; y a 
provocar la multiplicación de "incidentes de brutalidad policial" en 
operaciones de colaboración, por la actuación de los "sin ley" de la 
"seguridad privada".

*Anemoi*alerta una vez más a los miembros honrados de las Fuerzas 
Armadas --que son la inmensa mayoría-, a los que sienten el honor de 
defender al pueblo,para que se opongan a la implantación de este "golpe 
de estado encubierto.

Madrid, 13 de diciembre de 2013

Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarra
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habéis de dejar
rotos sobre sus espaldas.
Crepúsculo de los bueyes
está despuntando el alba.


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[i] <#_ednref1> *Anemoi* es un colectivo de militares

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