[Deuda-QdQ] Petición adhesiones denuncia violaciones de derechos humanos a activistas contra la minería en El Salvador

Vie Ene 15 11:55:30 CET 2010

*Como quedamos estamos adhesiones (en el ámbito estatal y el 
internacional) para denunciar las continuas violaciones de derechos 
humanos a activistas contra la minería en El Salvador.
*

*Si tenéis contacto con otras organizaciones que quieran adherirse por 
favor hacedselo llegar.*

*Bsos*

Edith

Adhesiones de organizaciones: notificar a paz en ecologistasenaccion.org 
<mailto:paz en ecologistasenaccion.org>

*
*

*DENUNCIA DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS *

*A ACTIVISTAS CONTRA LA MINERÍA EN EL SALVADOR*

Desde las organizaciones firmantes mostramos nuestra repulsa ante las 
continuas violaciones de Derechos Humanos que vienen sufriendo a lo 
largo de los últimos meses las personas y organizaciones contrarias a la 
minera canadiense Pacific Rim Mining Corp., que incluyen amenazas, 
persecución y violencia en el Departamento de Cabañas, donde dicha 
empresa tiene previsto el desarrollo del proyecto minero aurífero en El 
Dorado.

El 26 de diciembre de 2009 Dora Alicia Sorto Recinos, de 32 años de 
edad, fue asesinada en el Cantón Trinidad del municipio de 
Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas. Embarazada de ocho meses, 
fue acribillada con arma de fuego cuando volvía de lavar en una quebrada 
cercana con su hijo de 2 años de edad, que resultó herido en una pierna. 
Tanto ella como su marido, JOSE SANTOS RODRÍGUEZ, eran conocidos 
activistas contra el proyecto de minería de El Dorado. Santos Rodríguez 
fue atacado con arma blanca el año pasado, pero sobrevivió.

El domingo 20 de diciembre de 2009 varios desconocidos asesinaron a 
tiros a RAMIRO RIVERA, en el cantón Trinidad, municipio de Sensuntepeque 
(Cabañas), miembro destacado del Comité Ambiental de Cabañas y rostro 
visible del movimiento popular contrario a la explotación minera en 
dicho departamento. Junto a él, falleció también FELICITA ECHEVERRÍA, de 
57 años de edad, pobladora del cantón Trinidad, y resultó herida una 
adolescente de 13 años.

Con anterioridad, el pasado mes de agosto, Ramiro Rivera fue herido de 
gravedad al recibir ocho impactos de bala por lo que en el momento de 
los hechos iba escoltado por dos miembros de la Unidad de Protección a 
Víctimas y Testigos. A esta muerte se une la desaparición, el pasado mes 
de junio, de otro líder de la comunidad y activista medioambiental, 
MARCELO RIVERA, quien fue encontrado muerto 12 días después, con graves 
signos de tortura.

Ambos activistas habían destacado por oponerse a la empresa canadiense 
PACIFIC RIM que pretende explotar varios yacimientos de oro localizados 
en los municipios de de San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque, todos 
del departamento de Cabañas. La compañía opera en El Salvador desde el 
año 2002 pero la fuerte oposición popular a este proyecto y las 
irregularidades encontradas en su Estudio de Impacto Ambiental han hecho 
que el gobierno salvadoreño le haya denegado el permiso de explotación 
del terreno. En respuesta, la compañía ha demandado a El Salvador por 
“violación de una inversión” y pide, en concepto de indemnización, 100 
millones de dólares.

Paralelamente, los casos de represión, amenazas, asesinatos y violencia 
se han incrementado alarmantemente en los últimos meses, poniendo en 
grave riesgo la seguridad e integridad física de los miembros de las 
diferentes organizaciones sociales movilizadas en contra de estos 
proyectos minero. El sacerdote católico LUIS ALBERTO QUINTANILLA fue 
interceptado el 27 de julio mientras viajaba en su coche y sufrió un 
intento de secuestro, logrando huir de sus victimarios por los montes y 
barrancos colindantes. Los periodistas de la emisora comunitaria RADIO 
VICTORIA son objeto de una campaña de persecución y amenazas de muerte. 
Tras los dos últimos asesinatos han resurgido estas amenazas a través de 
una carta que llegó a las instalaciones del medio de comunicación. El 
documento reza así: “Bueno, ya mandamos al hoyo a dos, la pregunta es 
quién va ser el tercero, será acaso el Padre Quintanilla o alguno de los 
de la radio. No es mala idea seguir mejor con alguno de los bocones de 
la Radio Victoria”. La emisora previamente ha estado fuera de emisión 
por la destrucción de la instalación eléctrica de la antena transmisora 
a manos de desconocidos. El Procurador para la Defensa de los Derechos 
Humanos, Óscar Luna, pidió protección policial para tres de ellos, dado 
el alto riesgo que corren sus vidas. Otros activistas como MIGUEL 
RIVERA, hermano de Marcelo, y HÉCTOR GARCÍA BERRIOS, abogado e 
investigador de los casos y representante de MUFRAS-32, también han 
recibido amenazas de muerte. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha decretado medidas cautelares en estos dos últimos casos y 
también para los periodistas de Radio Victoria, obligando al Estado de 
El Salvador a ofrecerles protección policial.

La MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA, plataforma que agrupa a 
más de una decena de ONGs y organizaciones sociales salvadoreñas, ha 
denunciado que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la 
República han cometido serias irregularidades en la investigación del 
asesinato de Marcelo Rivera. Para los miembros de Mesa, la catalogación 
de este crimen como violencia común impide indagar en la autoría 
intelectual del mismo.

Por todo ello, y *UNIÉNDONOS A LAS RECLAMACIONES QUE HACE LA MESA 
NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA en El Salvador, pedimos a las 
autoridades salvadoreñas:*

    *

      QUE SE INVESTIGUEN EN PROFUNDIDAD LOS AUTORES MATERIALES E
      INTELECTUALES DE LOS ASESINATOS DE Dora Alicia Sorto Recinos,
      RAMIRO RIVERA, FELICITA ECHEVERRÍA Y MARCELO RIVERA, todos ellos
      destacados activistas locales en contra de la actividad minera de
      Pacific Rim en el departamento de Cabañas.

    *

      Que implementen MEDIDAS DE PROTECCIÓN eficaces a líderes
      comunales, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas
      religiosos y periodistas comunitarios perseguidos y amenazados de
      muerte, debido a su compromiso con la defensa del medioambiente.

    *

      Que acaten las RECOMENDACIONES HECHAS POR LA PROCURADURÍA PARA LA
      DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE EL SALVADOR Y LA COMISIÓN
      INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, relativas a la seguridad de
      dichos activistas medioambientales.

    *

      Que el Ejecutivo salvadoreño promueva una LEY DE MINERÍA que
      prohíba expresamente la exploración y explotación minera en El
      Salvador, dada la grave alteración ambiental que provocan este
      tipo de proyectos y las nefastas consecuencias medioambientales
      que supone su implementación.

Asimismo *EXIGIMOS a la empresa canadiense **Pacific Rim* *MINING 
CORP.** *y a sus subsidiarias estadounidenses, Pac Rim Cayman LLC, y 
salvadoreñas, Pacific Rim El Salvador, S.A. de C.V. y Dorado 
Exploraciones, S.A. de C.V.:

    *

      Retirar toda su actividad de aquellas zonas donde la población
      local lo requiera de forma inmediata.

    *

      Respetar y cumplir los marcos internacionales de derechos humanos,
      lo que debería ser constatado a través de la realización de una
      auditoría externa.

    *

      Respetar la soberanía nacional de los países en los que desarrolla
      sus inversiones, retirando la millonaria demanda que ha
      interpuesto al Estado salvadoreño amparándose en el Tratado de
      Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Republica
      Dominicana (CAFTA - DR por sus siglas en inglés), tratado
      denunciado por los movimientos populares salvadoreños.

    *

      Reconocer la deuda ecológica adquirida por la actividad de la
      minería metálica y proceder a la restitución y reparación de
      posibles daños.

_*ONES*_

*ADHESIONES iniciales*

Ecologistas en Acción

OMAL – Paz con Dignidad

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