[Deuda-QdQ] Carta "Colombia no está sola"

[Monica Vargas]

Desde el Colectivo Maloka y la Xarxa de l'Observatori del Deute en la 
Globalització les invitamos a apoyar con la firma de su 
organización/colectivo la siguiente carta de protesta sobre la 
agravación de la situación en Colombia. Como verán, la carta refiere la 
relación de las violaciones de los Derechos Humanos con problemáticas 
como los agrocombustibles, los tratados de libre comercio, la presencia 
de las transnacionales  y la importancia geopolítica de ese país.

Gracias por enviar su firma indicando el nombre de la 
organización/colectivo y el país, al correo:   
*colombianoestasola en gmail.com   _hasta el 1 de diciembre_. *

*Colombia: ¡No estás sola!*

/*Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a la comunidad 
internacional para demostrar su solidaridad ante el agravamiento de la 
situación que viven las organizaciones sociales y los defensores de los 
derechos humanos en Colombia, y ante su valiente resistencia frente al 
neoliberalismo.*/

Con la operación "Jaque" el gobierno de Colombia  ha incrementado la 
política del señalamiento y criminalización a las organizaciones 
sociales. En los últimos meses se han multiplicado las agresiones, 
asesinatos y desplazamiento de comunidades indígenas en la zona del 
Cauca y Chocó; defensores de derechos humanos han sido víctimas de 
secuestros y acosos permanentes. Únicamente entre el 17 de septiembre y 
el 12 de octubre se ha asesinado a 15 compañeros indígenas. Las 
organizaciones estudiantiles han sido señaladas como nido de terroristas 
y desde el Ministerio de Relaciones exteriores amenazan con silenciar  a 
todas las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos 
en Colombia desde Europa.

La militarización y paramilitarización es aún más grave en las regiones 
que poseen recursos naturales estratégicos abundantes en Colombia, como 
el agua, el petróleo, los minerales, la biodiversidad y la tierra. La 
entrada de las transnacionales para explotar estos recursos no ha hecho 
sino empeorar esta situación. Este es el caso de la multinacional 
bananera Chiquita Brands -antigua United Fruit Company-, que fue 
procesada judicialmente por el pago a los paramilitares de las 
Autodefensas Unidas de Colombia en Córdoba y Urabá, involucrados en las 
masacres y desplazamientos sobre las poblaciones que se oponían a su 
actividad. Y también casos de multinacionales petroleras como Occidental 
Petroleum y Repsol-YPF, que operan en Arauca, donde se han denunciado 
crímenes de lesa humanidad que afectan principalmente a las 
organizaciones sociales. De hecho, somos testigos de una estrategia 
clara de vaciamiento de los territorios mediante la expulsión por la 
violencia de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Esto 
ocurre de manera evidente ante el negocio de los agrocombustibles 
promocionados de manera irresponsable desde la Unión Europea y los 
Estados Unidos, y que ha llevado a deforestar los territorios y 
convertirlos en desiertos verdes de palma aceitera y caña de azúcar.

Por sus riquezas naturales y su situación estratégica en términos 
geopolíticos, Colombia es también el país donde se engranan el Plan 
Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) y la Iniciativa de Integración de 
la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Estos megaproyectos, 
articulados con el Plan Colombia, comportan preocupantes impactos 
sociales y ambientales, y no tienen otro objetivo que el saqueo de los 
recursos naturales y la utilización de las regiones como lugares de 
tránsito de mercancías. Su implementación requiere también del 
aniquilamiento de toda oposición, y por tanto, causa la violación de los 
Derechos Humanos en Colombia.

A pesar de la violencia estructural que existe en el país, las 
movilizaciones y denuncias están logrando paralizar el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados Unidos. Los TLC forman parte estructurante de 
la arquitectura neoliberal de la economía mundial, atravesada por una de 
las peores crisis financieras de su historia. Ante esta situación, lo 
que se requiere es fortalecer los mercados internos y regionales. Con el 
lamentable ejemplo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(México-Canadá-EEUU), la experiencia nos ha demostrado que este tipo de 
acuerdos económicos solo conlleva la pérdida total de la soberanía 
además de un evidente empobrecimiento de las poblaciones locales. Pero 
el gobierno colombiano no aprende la lección. No duda actualmente en 
desmantelar a la Comunidad Andina de Naciones, en la cual varios países 
tienen una perspectiva crítica y digna ante el Acuerdo de Asociación que 
la Unión Europea pretende imponer. Hoy, el gobierno de Uribe no respeta 
el mandato constitucional de promover la unidad latinoamericana y 
prefiere firmar bilateralmente un TLC con la Unión Europea. Ante la 
ceguera del gobierno, quién lo tiene claro, es el Pueblo. Muestra de 
ello, la huelga de los corteros de caña de azúcar y de los trabajadores 
de la justicia en Colombia, y la movilización nacional de resistencia 
indígena y popular que demuestran un rechazo rotundo al modelo salvaje 
de explotación capitalista.

En respuesta a la valiente resistencia del Pueblo colombiano, la 
estrategia actual del gobierno colombiano pasa entonces por señalar, 
criminalizar, neutralizar y desaparecer cualquier oposición a sus 
políticas de libre comercio, saqueo y militarización.  Con un marco 
legal local e internacional totalmente vulnerado y  una Constitución 
política no respetada,  Colombia sigue hundiéndose lentamente en la 
arena movediza de la corrupción y el terrorismo de Estado. La comunidad 
internacional se encuentra por su lado en una situación de total 
desinformación sobre esta realidad.  Una nueva arremetida en contra de 
las organizaciones que defienden el respeto de los Derechos Humanos en 
Colombia, tanto locales como internacionales obedece a la voluntad de 
crear una cortina de humo más propia para tapar la actual crisis 
gubernamental, en medio del escándalo para-político, y la ya innegable 
relación entre paramilitares y las instituciones como Fiscalía, Ejército 
y 
Policía.                                                                                 


Es por ello que hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, 
culturales, defensoras de los derechos humanos, nacionales e 
internacionales para rodear con nuestro apoyo certero a los compañeros y 
compañeras que están siendo objeto de estos señalamientos. 
Responsabilizamos al señor Álvaro Uribe Vélez,  por las consecuencias 
que sobre la vida e integridad de las personas y organizaciones puedan 
tener sus señalamientos. Exigimos se retracte públicamente de los mismos.

*Firman:*

Colectivo Maloka, Estado español
Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, Estado español

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