[Deuda-QdQ] Nota de prensa: El Gobierno español da la espalda a las víctimas de crímenes de Estado en Colombia

[Tom Kucharz - Ecologistas en Acción]

Nota de prensa

El Gobierno español da la espalda a las víctimas de crímenes de Estado
en Colombia

Ecologistas en Acción denuncia la Alianza Estratégica firmado con el
país andino y califica de lamentable e irresponsable la reunión de José
Luis Rodríguez Zapatero con el Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

Muchas son las preguntas que el Gobierno español tendrá que responder si
quiere ser coherente con sus compromisos electorales en materia de
política exterior, de cooperación y de Derechos Humanos. Pero sin duda
alguna, es la relación con el actual Gobierno colombiano lo que más
preocupa a las organizaciones sociales y defensoras de los Derechos
Humanos del mundo. La razón: los vínculos de su Presidente, Álvaro Uribe
Vélez, con los grupos paramilitares de extrema derecha y responsables de
decenas de miles de crímenes de lesa humanidad.

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debe saber que
en Colombia, en menos de dos semanas, los grupos paramilitares han
asesinado a 12 personas, han hecho desaparecer a nueve y han desplazado
a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el departamento Nariño,
asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese
departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese
mismo día en Medellín, hicieron desaparecer al abogado Víctor Hugo
Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social. El mismo
que había formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar
en Medellín, donde el pasado 11 de enero cinco líderes comunitarios
fueron asesinados y otros tres heridos de bala. El 14 de enero, la
Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en
Santa Mónica, departamento del Chocó, asesinando a dos personas,
llevándose a otras ocho y desplazando a cerca de 120 habitantes de la
población.

En una carta abierta a Uribe, la Fundación Manuel Cepeda Vargas,
manifestó recientemente que “pareciera que esas víctimas son
inexistentes... sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los
ríos”. Ecologistas en Acción se hace eco de esta denuncia y pregunta al
Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: ¿Qué se puede
esperar de las instituciones públicas colombianas cuando la actitud del
Gobierno colombiano está marcada por el silencio y la negación? En vez
de condenar esas atrocidades, Uribe se empeña en intentar convencer al
país y al mundo de que los grupos paramilitares ya no existen en
Colombia; una afirmación que desmienten irrefutablemente los hechos.
¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que
siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo va a condicionar su
“apoyo” al ejecutivo colombiano a la ausencia de los crímenes de Estado
y las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de
colombianos a fosas comunes y cementerios clandestinos? ¿Cuándo se
pronunciará contra el desplazamiento forzado practicado por los
paramilitares que han arrebatado la tierra a millones de campesinos?

La organización de DDHH 'Hijos e Hijas por la memoria y contra la
impunidad’ plantearon en el 2006 la necesidad de visibilizar los casos
de candidaturas y postulaciones a cargos públicos con graves indicios de
estar comprometidas con el paramilitarismo y los crímenes de Estado.
Denunciaron en su ‘Llamamiento a La Memoria’ a personas como Eleonora
Pineda y Rocío Arias, a quienes Mario Uribe, primo hermano e histórico
acompañante político de Uribe, mantuvo en la lista de su partido a pesar
de conocer sus simpatías con los jefes paramilitares. Pineda rindió su
versión ante la Corte Suprema el día 19 de septiembre de 2007 y allí
aceptó ser el “brazo político de las autodefensas que comandaba Mancuso
en Córdoba”, mientras Rocío Arias trata hoy de influir en el gobierno
para mejorar las condiciones carcelarias de los paramilitares.

Está demostrado la participación de sectores políticos, económicos
nacionales y transnacionales en el fortalecimiento y la financiación del
proyecto paramilitar en Colombia. Según la Corporación Nuevo Arcoiris,
1.845.773 votos obtuvieron los 33 Senadores y 50 Representantes a la
Cámara incluidos en las investigaciones judiciales por sus vínculos con
los paramilitares, todos ellos aliados estratégicos de la campaña de
reelección de Uribe. Esta cifra, representa aproximadamente una tercera
parte de la votación que fue obtenida por el actual presidente colombiano.

Nos preocupa las consecuencias del conflicto armado interno sobre la
población civil, los 4 millones de personas desplazadas, y el alto
número de homicidios fuera de combate. En el primer periodo del
presidente Uribe, los grupos guerrilleros fueron responsables del 25% de
estos homicidios (1.591 víctimas); los grupos paramilitares, en
violación  al  cese  al  fuego,  fueron  responsables  del  61%  (3.907
  víctimas)  y  la  fuerza  pública  fue  responsable directamente de un
14% (908 víctimas). La impunidad casi total y estructural que sigue
siendo la norma en Colombia, no permite que se supere esta violación
sistemática de derechos humanos.

Es cierto que el secuestro es una práctica criminal que no se debe
tolerar bajo ningún concepto. Pero en Colombia no sólo existen cientos
de secuestrados por las guerrillas. Hay miles de desaparecidos,
asesinados y desplazados por agentes estatales y por los grupos
paramilitares que fueron auspiciados hace más de una década a través de
las empresas de seguridad Convivir, creadas por Uribe cuando fue
Gobernador de Antioquia. Esa realidad no se desvanecerá con la actual
política exterior del Gobierno español hacía Colombia que es, además de
ser incompatible con la defensa de los Derechos Humanos, sorda y
responsable por omisión. En vez de reunirse con Uribe y abrazar
ciegamente su concepción unidimensional del terrorismo, Zapatero debería
apoyar la demanda contra el mandatario colombiano ante el Tribunal
Internacional de La Haya por los atropellos en Colombia.

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