[Deuda-QdQ] Nota de prensa: Eurodiputados del PP utilizan la infraestructura del Parlamento para hacer de lobby encubierto a favor de empresas transnacionales

[Tom Kucharz - Ecologistas en Acción]

Nota de prensa – 25 de abril de 2008

Eurodiputados del PP utilizan la infraestructura del Parlamento para
hacer de lobby encubierto a favor de empresas transnacionales


Organizaciones europeas y latinoamericanas piden a la delegación que
asistirá a la Asamblea Parlamentaria euro-latinoamericana (EuroLat) en
Lima, Perú que rechace la invitación de la Plataforma Europea de
Empresas y Parlamento para visitar a sus empresas miembros Suez, BBVA,
BP y Telefónica. La conferencia de presidentes de la Eurocámara decidió
ayer revisar la actividad de dicho órgano de presión.


El Vicepresidente (Primero) del Parlamento Europeo y Vicepresidente de
la Plataforma Europea de Empresas y Parlamento (European Business and
Parliament Scheme, EBPS por sus siglas en inglés), Alejo Vidal-Quadras,
del Partido Popular, se aprovechó de su influencia en la Eurocámara para
ofrecer a la delegación del Parlamento Europeo que participa en la
reunión de EuroLat en Lima, “programas que proporcionan conocimiento
sobre las operaciones de las compañías y asuntos prácticos de los
negocios en Perú”.

En la reunión preparatoria de EuroLat anteayer en Estrasburgo, participó
–sin ser parlamentaria- Natalia Federighi, directora Ejecutiva del EBPS
y quien fue asesora de otro Eurodiputado popular, José Ignacio
Salafranca Sánchez-Neyra.

Ayer, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo dedicó más de
45 minutos a las denuncias realizadas por los grupos parlamentarios Los
Verdes e Izquierda Unida Europea contra esta institución de lobby, y
recomendó a los cuestores-encargados de los asuntos administrativos y
económicos que afecten directamente a los diputados-, de revisar la
decisión del 2005 por la que se adjudicó a la EBPS oficinas y el uso del
servidor de la Eurocámara. Además, el Secretario General del Parlamento
debe dar cuentas de todos los casos similares. Una decisión muy a pesar
de las gestiones de Vidal Quadras.

Brid Brennan del Transnational Institute de Holanda, se muestra
desconfiada de que las actividades de la EBPS sean “neutrales y no
lobbistas”. Cada una de las cuatro empresas mencionadas paga una cuota
de socio anual de 15,000€ y sin duda espera algo a cambio, explica
Brennan. “Interpretamos las actividades programadas de la EBPS en Lima
como una actividad de presión política encubierta para promover los
intereses privados de sus empresas miembros y ayudarlas a alcanzar
mayores cuotas de mercado así como facilidades en el entorno político en
América Latina.” También compartimos las preocupaciones expuestas por la
Eurodiputada Mónica Frassoni en su carta del 4 de Abril al Presidente
del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pottering, una de los cuales es el
hecho de que la EBPS tiene una oficina en el Parlamento Europeo y
utiliza direcciones de correo electrónico que terminan en
europarl.europa.eu, critica Brennan.

“Las cuatro empresas que ofrecen actividades de lobby en Lima se están
enfrentando todas ellas a duras y justificadas críticas sobre su impacto
sobre los derechos económicos, sociales y ambientales de sus operaciones
en América Latina”, señala Tom Kucharz de Ecologistas en Acción y
miembro de Seattle-to-Brussels Network, una red de más de 70
organizaciones de 16 países que realizan campañas contra las políticas
comerciales de la Unión Europea.

Las cuatro empresas van a ser acusadas durante la sesión sobre empresas
transnacionales del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que tendrá
lugar en Lima durante la cumbre de la sociedad civil "Enlazando
Alternativas" del 13 al 16 de mayo de 2008, en paralelo a la 5 ª Cumbre
UE-ALC de Jefes de Estado y de Gobierno.

La Red Birregional Europa-América Latina y el Caribe “Enlazando
Alternativas”, que promueve el rechazo a la Plataforma Europea de
Empresas y Parlamento y organiza el TPP, acusa a las empresas de graves
violaciones a los Derechos Humanos.

SUEZ y el BBVA participan en el controvertido proyecto Camisea Gas Field
en la región amazónica de Perú. “El gaseoducto causa enormes daños
ambientales, se ha roto en varias ocasiones desde su construcción, y
viola los derechos de los indígenas: reasentamiento involuntario,
destrucción de alimentos y del suministro de agua de las comunidades
locales, y la exposición a enfermedades para las cuales la población
indígena no tiene defensas inmunológicas”, denuncia Victor Maeso de la
ONG Setem-Catalunya. “Los cálculos indican que aproximadamente 160.000
personas indígenas se ven directamente afectadas por el Proyecto Camisea.”

En otras partes de América Latina, la división de agua de SUEZ viola el
Derecho Humano de Acceso al Agua y las normas laborales según la
Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical de más de
500 sindicatos del sector público en más de 140 países.

David Llistar, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, reitera
que “el Grupo BBVA está siendo acusado por la financiación de proyectos
altamente contaminantes, tales como la planta de celulosa de la empresa
española ENCE en Uruguay, la explotación petrolera de Petrobras en
Parque Nacional Yasuni (Ecuador), violando así gravemente las
Directrices de los Principios de Ecuador, suscritos por la firma.

Contra la Resolución del Parlamento Europeo de 2005, de prohibir que las
instituciones financieras inviertan directa o indirectamente en las
empresas que participan en la producción de minas antipersona y otros
controvertidos sistemas de armas, el Gobierno español permite que el
BBVA este invirtiendo fuertemente en la industria del armamento a través
de participaciones directas o indirectas en varias empresas que producen
armas, incluidas bombas de racimo, denuncia Llistar.

Asimismo, “en 2006 el gigante del gas y del petróleo BP fue hallado
culpable por la Justicia británica de beneficiarse de un régimen de
terror implantado por fuerzas paramilitares del Gobierno colombiano que
protegían su oleoducto en Casanare (Colombia)”, explica Kucharz, “y tuvo
que pagar una compensación de varios millones de libras a las
comunidades campesinas por los asesinatos a sindicalistas, contaminación
ambiental y desplazamiento forzado.”

“Telefónica está siendo acusada de violación generalizada de las leyes
laborales en Colombia y otros países en los que está operando”,
manifiesta Carlos Aguilar de la Alianza Social Continental, movimiento
hemisférico americano para enfrentar el llamado libre comercio. “En Perú
se vio obligada a pagar al Gobierno peruano una multa de 284.000 €
después del terremoto en agosto de 2007, cuando la interrupción de sus
servicios agravó enormemente la situación.” “El Ministerio de
Transportes y Comunicaciones de Perú declaró que Telefónica no estaba
cumpliendo con sus obligaciones contractuales con el Gobierno y sus
clientes porque los servicios prestados se encontraban por debajo de los
estándares legales”, resume Aguilar la situación.


Nota: Las cartas originales a las que se hace referencia en esta nota de
prensa se pueden consultar en el sitio web:
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article145


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