[Deuda-QdQ] Tema: Colombia / Solicitud de Adhesión a comunicado

[Ecologistas en Acción - Área de Agroecolo]

Hola a tod en s,

Como sabéis actualmente se está llevando a cabo en Colombia una mal 
llamada “desmovilización paramilitar� que no termina con sus estructuras 
paramilitares (continúa el férreo control político y económico en zonas 
rurales y urbanas), ni con los grupos existentes (que han aparecido con 
nuevos nombres como "Aguilas Negras"), ni con el Terrorismo de Estado, 
las muertes, el desplazamiento forzado, las violaciones, etc.

Por si esto fuera poco la mal llamada Ley de “Justicia y Paz� que se les 
está aplicando a los jefes paramilitares está pensada para que los 
crímenes cometidos por estos, que son Crímenes de Lesa Humanidad, queden 
en la impunidad y no puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional.

A esto se suma el trato que se da a las víctimas a las que no se les 
garantiza Verdad, Justicia y Reparación y que en muchas ocasiones son 
ninguneadas o colocadas al mismo nivel de los victimarios o amenazadas 
de muerte.

Durante el mes de Noviembre se van a presentar dos eventos en el Estado 
español: uno en Madrid y otro en Barcelona con el fin de avalar la 
citada Ley (apoyada por el Gobierno español, y asesorada por personajes 
como el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón quien en el año 
2005 el viajó a Colombia para asegurar la viabilidad jurídica de dicha 
Ley.) y mostrar al mundo los "avances" que en el tema de la Paz realiza 
supuestamente el Gobierno de �lvaro Uribe Vélez.

Para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de 
Colombia, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e 
institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de 
diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas 
que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la 
impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos utilizados en 
el llamado proceso de “negociación y desmovilización�, como la Ley 
782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos 
y amnistías al 93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias 
han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han 
“desmovilizado�, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos 
paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación 
económica, política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo 
largo y ancho de la geografía colombiana. Por su parte la Ley 975/05, 
mal llamada “Ley de Justicia y Paz�, y su decreto reglamentario 4760/05, 
pretenden cerrar este ciclo de impunidad. Una Ley que vulnera los 
derechos de las víctimas, con el objetivo de sustraer a los 
paramilitares de su responsabilidad penal internacional a través de 
juicios parciales y que no permite un proceso con las debidas garantías 
reconocidas por el derecho internacional. Garzón consideró en una visita 
a Bogotá en febrero de 2007 que el Gobierno de Colombia está respetando 
la independencia de la justicia y la apoya con recursos para que las 
investigaciones salgan adelante. La Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH), en un informe llamado “Colombia: La desmovilización 
paramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internacional�, llega a 
otra conclusión.

Según la FIDH la nueva posición jurisprudencial por medio de la cual se 
aclara que bajo ninguna circunstancia, los miembros de grupos 
paramilitares pueden ser considerados como sediciosos, para conseguir 
rebajas de penas o para sustraer a los victimarios de su responsabilidad 
penal internacional -como estaba previsto en la Ley avalada por el juez 
Garzón- ha creado una grave tensión entre la rama judicial y el gobierno 
nacional, quién pretende la aprobación de un nuevo proyecto de ley por 
medio del cual revive la condición de sediciosos a los paramilitares, 
desconociendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la 
consecuente separación de poderes. La sentencia Nº 26945 de la Corte 
Suprema de Justicia del 11 de Julio de 2007 sostiene que “los delitos 
cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el 
caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de 
acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún 
pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de 
sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al 
concepto delito político�. El constitucionalista Rodrigo Uprimny Yepes 
manifestó que el Presidente colombiano había descalificado a la Corte 
Suprema, violando su deber constitucional de auxiliar a la justicia y 
hacer cumplir sus decisiones. �lvaro Uribe Velez declaró públicamente 
que los magistrados del alto Tribunal tienen “sesgos ideológicos� y no 
contribuyen a la paz, al no colaborar armónicamente con las demás ramas 
del poder público, así como contribuyen a la inseguridad jurídica.

Es por este motivo que solicitamos vuestra adhesión al comunicado 
adjunto y que queremos hacer llegar al ministro español de Justicia con 
el mayor número de firmas posibles para mostrar nuestro malestar con 
estos eventos.

Si os adherís al mismo mandad un correo indicándolo a la dirección: 
COL_SOL_COLICHE en terra.es indicando el nombre completo de vuestra 
organización.

Gracias por la solidaridad.

Un abrazo,

Tom Kucharz

-- 
Ecologistas en Acción
�rea Agroecología y Soberanía Alimentaria
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Nombre     : Comunicado ante la Ley de Justicia y Paz.doc
Tipo       : application/msword
Tamaño     : 45056 bytes
Descripción: no disponible
Url        : http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/private/deuda-2005/attachments/20071030/801dff6e/attachment-0001.doc