[Deuda-QdQ] El Supremo argentino investiga a REPSOL por daño ecológico

Lun Jul 2 11:55:10 CEST 2007

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El Tribunal Supremo argentino investiga a Repsol y otras petroleras por daño
ecológico

Los jueces analizan los perjuicios ambientales en una zona que dobla el
tamaño de España

JORGE MARIRRODRIGA - Buenos Aires - 02/07/2007

El Defensor del Pueblo argentino, Eduardo Mondino, ha denunciado ante el
Tribunal Supremo del país (Corte Suprema) a 17 compañías petroleras -entre
ellas la española Repsol, la brasileña Petrobras y la estadounidense Total-
por el daño ecológico que están causando en una amplia zona cerca de 10.000
pozos de petróleo. Mondino exige que las empresas abonen los 550 millones de
dólares (406 millones de euros) estimados que costará reparar los daños
causados por las instalaciones que en muchos casos están abandonadas y en
deficiente estado de conservación.

Repsol-YPF es líder en Argentina con el 39,4% del mercado de producción

El Defensor del Pueblo pide que las compañías paguen 406 millones de euros

"El problema es que muchas de estas empresas conocen la normativa
medioambiental que tienen que cumplir, cosa que hacen en otros países, pero
en Argentina les sale más barato no hacerlo", explica Mondino. Las
actividades contaminantes afectan a cinco provincias argentinas: Buenos
Aires, Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro con una extensión total de
900.000 kilómetros cuadrados. España mide 505.990 kilómetros cuadrados. El
área afectada se denomina "cuenca neuquina", una de las cinco cuencas
petrolíferas en las que se divide el país. Las otras cuatro son: Golfo de
San Jorge, Cuyana, Austral y cuenca del Noroeste. El núcleo de la denuncia
-que se suma a una realizada en el año 2003 por la Asociación de
Superficiarios de la Patagonia- estriba en que las compañías petroleras en
muchos casos no han realizado las obras de infraestructura necesarias para
una explotación correcta de sus pozos. Muchos depósitos de residuos están
mal construidos o son inexistentes; los caminos de acceso se han realizado
sin ningún tipo de planificación dañando seriamente el suelo; las roturas en
cañerías y conducciones nunca se arreglan con las consiguientes fugas y
filtraciones e incluso los pozos de petróleo que han dejado de ser rentables
no se han cerrado siguiendo medidas adecuadas para evitar la contaminación
del terreno. El suelo, la flora, el ganado, los cursos de agua y la capa
freática llevan años recibiendo estos contaminantes. En 1998 Naciones Unidas
elaboró un extenso informe sobre la degradación de los recursos naturales en
la cuenca neuquina, el área afectada sobre la que versa la denuncia del
Defensor del Pueblo. En el texto, la ONU habla de emergencia medioambiental
y advierte que la explotación petrolífera tal y como se estaba haciendo -y
que básicamente no ha variado en estos años como apunta el alto funcionario
argentino- puede acarrear "efectos traumáticos para la satisfacción de las
necesidades humanas de la actual generación y las futuras". Sobre esta base,
Mondino, elegido para el cargo en 2002 que, al igual que en España, es
independiente del Gobierno de turno, ha acudido a la más alta instancia
judicial argentina, que es una mezcla de Tribunal Supremo y Constitucional,
reclamando a las empresas el cese de las prácticas contaminantes y el pago
de los costes para paliar los daños. "Y hay que tener en cuenta que la cifra
de 550 millones de dólares es hasta 1998". La demanda, establecida por la
vía civil, no hace mención al pago de indemnizaciones a los posibles
afectados, ni hace referencia a las autoridades argentinas como responsables
subsidiarias de los daños efectuados. En principio, son las provincias las
responsables de la vigilancia y aplicación de la reglamentación
medioambiental, aunque es el Ministerio Federal de Planificación el que
autoriza las explotaciones. El Defensor del Pueblo advierte que a este caso
pueden seguir otros similares en otras cuencas argentinas. Para Mondino uno
de los aspectos más graves del problema es que las empresas denunciadas
disponen de tecnología y métodos para preservar el medioambiente. En su
denuncia Mondino apunta directamente contra los máximos responsables de las
empresas petroleras. "La gestión ambiental exige un grado de compromiso que
comienza en las jerarquías máximas de las organizaciones empresariales y se
transmite con hechos hacia los niveles menores: solamente habrá gestión
ambiental creíble y seria si dicho compromiso existe", destaca y para que no
queden dudas añade que "cuando este compromiso no está presente en los
niveles de dirección ello repercute en los niveles de menor
responsabilidad". El resultado es que "sacar petróleo" en poco tiempo y a
bajo costo se impone sobre cualquier otra consideración. La española
Repsol-YPF es la empresa líder en producción petrolífera en Argentina con el
39,4% del mercado seguido por Pan American (16,4%), Petrobras (9,5%) y Exxon
(8,4%). Todas ellas aparecen en la denuncia del Defensor del Pueblo
argentino, quien señala que son la Constitución y la Ley de Medio Ambiente
quienes le obligan a intervenir. Además de la acusación de posibles daños
medioambientales directos, muchas compañías petroleras que operan en
Argentina están inmersas en procesos judiciales por la manera en que
gestionan los terrenos donde están las explotaciones. Las poblaciones
vecinas denuncian en unos casos usurpación de tierras comunitarias y en
otros la falta de respeto a los derechos de paso establecidos por la ley.
Hace dos semanas un tribunal de Neuquén absolvió a cuatro miembros de una
comunidad mapuche acusados por la estadounidense Apache Corporation de
paralizar su actividad durante una protesta. Los acusados habían cerrado las
llaves de bombeo en una explotación. En su defensa, los mapuches
argumentaron que llevaban 200 años en la zona y el tribunal, en una
sentencia que sienta precedente jurídico, les dio la razón.

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