[Deuda-QdQ] campaña contra Unión Fenosa / articulo El 'riesgo' de las inversiones de Unión Fenosa en Nicaragua

["Ecologistas en Acción - Área Anti]

*El "riesgo" de las inversiones de Unión Fenosa en Nicaragua*

Erika González

1ro de febrero de 2007

Es interesante confrontar las declaraciones y las decisiones de una 
misma multinacional respecto a la organización del sector eléctrico en 
América Latina en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando Unión 
Fenosa afirma que, “ante la escasez de recursos económicos, muchos 
países aplican esquemas similares al de México, que permite utilizar más 
racionalmente los recursos públicos e invertirlos de acuerdo con las 
prioridades en cada caso” [1], se está refiriendo a la segmentación y 
privatización del sistema eléctrico, con el que está cosechando un 
inmenso margen de beneficios en la producción de electricidad. En 
cambio, en Nicaragua no sólo no realizan este tipo de afirmación, sino 
que directivos de la empresa española Unión Fenosa amenazaron con 
demandar a Nicaragua ante el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una dependencia del Banco 
Mundial, por el supuesto “incumplimiento” de los términos del contrato 
por la distribución de energía, por “menoscabo a sus intereses”, y por 
ser víctima de decisiones “injustas y discriminatorias” [2].

Entonces, si el esquema del servicio eléctrico es el mismo, ¿por qué 
tiene visiones tan distintas en uno y otro lado? Pues bien, la 
diferencia está en la actividad que realiza Fenosa: la generación de 
energía que alaba en México no tiene ninguna otra responsabilidad que 
producir electricidad y venderla, todo es ganancia; por el contrario, la 
distribución de energía en Nicaragua tiene la responsabilidad de prestar 
el servicio de manera eficiente y con calidad suficiente para que toda 
la ciudadanía pueda utilizar la energía que necesite en su actividad 
diaria, lo que no da tantos beneficios porque significa llevar a cabo 
grandes inversiones para una población con recursos económicos muy 
limitados, de forma que aunque este servicio sea un bien básico para la 
salud, la educación o la economía doméstica ni se invierte ni se 
gestiona adecuadamente.

Cuando se trata de un negocio deficitario, para evitar que sea un 
desastre es el Estado el que tiene que encargarse de las pérdidas que 
genera. Y, vaya, aquí de nuevo hay más contradicciones en el seguimiento 
del modelo económico neoliberal: si el Estado tiene que reducir su papel 
en todas las actividades con repercusión económica porque eso limita el 
libre mercado, ¿cómo es posible que ahora su inversión y su gestión sea 
fundamental para la viabilidad de las empresas privadas? Pero, más allá 
de este planteamiento, los estados latinoamericanos han sufrido un 
debilitamiento continuo por la entrega a manos privadas de los sectores 
y empresas rentables, lo que, unido a la tenaza de la deuda externa, 
determina que la capacidad inversora de éstos sea mínima. Así que la 
población sufre la ausencia de un servicio necesario para una vida digna 
por la desatención de las compañías privadas, que culpan al Estado de su 
situación. Y mientras litigan, denuncian y reclaman a las instancias 
internacionales para deshacerse de cualquier responsabilidad, la 
ciudadanía sigue sin luz.

Un ejemplo perfecto -que ahora está saltando a los medios de 
comunicación- es la crisis del sector eléctrico en Nicaragua. Esta 
crisis, derivada de una dependencia exclusiva de hidrocarburos para 
producir energía y de una privatización del sector que permitió a Unión 
Fenosa controlar el 92% de la distribución eléctrica del país [3], ha 
llevado a causar apagones a cientos de miles de nicaragüenses 
prácticamente todas las semanas del año 2006, en una situación que llegó 
a ser muy grave en el verano -con cortes sucesivos de hasta 6 horas que 
afectaron a la totalidad de la población nicaragüense-. Como respuesta a 
todo lo anterior, se generó una fuerte presión social y se presentó una 
denuncia de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores a Fenosa ante 
el Consejo Superior de la Contraloría General de la República. El 
resultado de la denuncia fue la declaración de la nulidad del contrato 
de distribución de energía otorgado a Unión Fenosa en agosto de ese año 
por la Contraloría y el ordenamiento de un arbitraje contra la empresa.

Una compañía mundial no va a dejar que se ensucie su imagen corporativa 
con este tipo de denuncias y procesamientos, más aún cuando ha salido de 
una situación similar en República Dominicana hace dos años. Lo explican 
claramente en su modelo de Responsabilidad Social Corporativa, en el 
cual su reputación es central, así que el deterioro de su imagen puede 
llevar a pérdidas económicas globales, y localmente esto puede favorecer 
que el estado nicaragüense investigue qué ha pasado. Ante esta 
situación, Fenosa ha movido ficha y en diciembre del año pasado 
amenazaron con denunciar a Nicaragua al CIADI, y en enero han solicitado 
el pago de 54 millones de dólares de un seguro de la inversión en este 
país como “resultado de la expropiación de su inversión en Nicaragua” [4].

Las distintas declaraciones permiten conocer un poco mejor las maniobras 
de las multinacionales para en ningún caso perder sus inversiones en 
países tan arriesgados como los de Centroamérica. Así, el anterior 
Ministro de Economía, Eduardo Montealegre, afirmó que “los funcionarios 
de Fenosa contrataron un seguro con la agencia MIGA, para cubrir su 
inversión contra cuatro posibles riesgos, pero en ningún momento el 
Estado asumió algún compromiso u obligación financiera que ahora deba 
responder”. Montealegre firmó este documento en mayo de 2002, y en él 
daba “luz verde” para evitar que Nicaragua le prohibiera a esta compañía 
transferir sus ganancias hacia el extranjero. También se adquirió un 
seguro por el riesgo de expropiación, guerra civil y disturbios, así 
como por riesgos de incumplimientos al contrato de concesión. Y Mathew 
Huggins, funcionario de MIGA, explicó a los diputados de la Asamblea 
Nacional en mayo de 2005 que esta garantía de Fenosa es exactamente por 
el 80% de la inversión que realizó en Nicaragua cuando asumió la 
distribución de la energía (el 20 de octubre de 2000) y precisó que 
Fenosa reporta una inversión de 115 millones de dólares y MIGA respalda 
unos 92 millones de dólares [5]. Todos estos mecanismos relativizan en 
gran medida las argumentaciones de las multinacionales sobre lo 
arriesgado que resultan sus inversiones en los países del Sur y sobre la 
necesidad de recibir un apoyo tanto del país donde reside su sede social 
como del país destino de sus inversiones. Y es que estos apoyos 
solicitados no hacen sobrevivir a las multinacionales, sino que les 
facilitan el incremento año tras año de sus beneficios.

En Nicaragua, la solicitud al Banco Mundial del dinero del seguro de 
inversión se relaciona con la posibilidad de que el Estado tenga que 
pagarle a Fenosa. De este modo, el presidente del Consejo de Dirección 
del Instituto Nacional de Electricidad (INE), David Castillo, ha 
asegurado que Nicaragua no tiene nada que ver con esa garantía de 
seguro: “esa garantía si la paga la agencia del Banco Mundial es 
problema de ellos, porque aquí no hay ningún compromiso legal para 
pagarlo”, ya que “para que la garantía y el seguro sean un compromiso 
del Estado de Nicaragua, la Constitución manda que sea aprobado por la 
Asamblea Nacional” y esto no ha sucedido. Castillo observó además que 
Nicaragua no ha expropiado nada a la empresa española y rechazó que 
hayan incumplido el contrato de concesión suscrito con Unión Fenosa en 
el año 2000, y recordó que existe un juicio de arbitraje contra Unión 
Fenosa, donde se determinará cual de las dos partes ha incumplido con 
las condiciones de ese contrato [6].

Por otro lado, Castillo reveló que Unión Fenosa reclama garantías al 
Estado... pero no tiene ninguna garantía para responder ante los 
nicaragüenses, sus proveedores y demás agentes del mercado energético, 
ya que hace tres años el gobierno de Bolaños le devolvió un dinero que 
Fenosa había pagado en garantía -que sumaba 14 millones de dólares-, lo 
que habían dejado cuando firmaron el contrato de concesión para 
responder ante cualquier anomalía que cometieran.

En todo este lío, las fuentes de la empresa en el país se lavan las 
manos, así el portavoz de Unión Fenosa en Nicaragua, Jorge Katín, dijo 
que la sede de ellos en Managua desconoce el asunto, ya que ese tema es 
manejado “en las altas esferas de Unión Fenosa Internacional”. Es decir, 
se siguen sumando contradicciones, ya que si bien las multinacionales se 
presentan a las licitaciones y concesiones en todo el mundo con la gran 
seguridad que da el tener detrás a un gigante mundial, cuando se le 
piden responsabilidades las eluden diciendo que esas competencias son de 
los de arriba.

Por terminar de ofrecer todas las visiones de este conflicto, la 
impresión del resto de la sociedad es que las iniciativas de la compañía 
son mecanismos de presión ante su delicada situación en el país: según 
un contralor colegiado, “esto es lo que los nicaragüenses llamamos un 
‘chamarrazo’, un chantaje para presionarnos y que no se sigan las 
acciones que se han iniciado en contra de ellos. Es más, me extraña que 
se atrevan a tanto, porque más bien deberían pagarnos a nosotros por los 
innumerables daños que han causado con los apagones” [7].

En definitiva, el silencio en el que a Unión Fenosa le gustaría llevar 
todo este proceso parece que no se cumple: a través de su misma 
reclamación a la MIGA, el poner al gobierno nicaragüense en un brete 
puede salirle al revés, ya que la compañía no puede cobrar ni un centavo 
de su seguro al Estado de Nicaragua mientras no concluya el proceso de 
arbitraje que inició el INE, pues así lo determina el contrato que firmó 
hace cinco años con esta institución. Más bien, en caso de que pierda el 
arbitraje, Unión Fenosa podría pagarle hasta 92 millones de dólares.

Erika González
Observatorio de Multinacionales en América Latina
Asociación Paz con Dignidad

NOTAS:

[1] Declaraciones de Honorato López Isla, Vicepresidente del Consejo de 
Unión Fenosa, recogidas en un artículo publicado en La Jornada el 15 de 
enero de 2007.

[2] “Fenosa pide que se le pague 54 millones de dólares por sus 
expropiaciones en Nicaragua”. En El Economista, 13 de enero de 2007.

[3] PAZ, Mª José; GONZÁLEZ, Soraya; SANABRIA, Antonio (2005): 
Centroamérica encendida. Icaria - Paz con Dignidad, Barcelona.

[4] Este seguro ha sido contratado con la Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA), dependiente del Banco Mundial, como recoge un 
artículo publicado en El Economista el 12 de enero de 2007.

[5] Artículo publicado en El Nuevo Diario el 14 de enero de 2007.

[6] Artículo publicado en El Nuevo Diario el 12 de enero de 2007

[7] GÓMEZ, Oliver (2007): “Ni un real a Fenosa”. En El Nuevo Diario, 13 
de enero.





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