[Deuda-2005] Protesta contra CESCE el día de su junta de accionistas por el conflicto de las papeleras en Uruguay

[Ecologistas en Acción]

Nota de prensa
 

Protesta contra CESCE el día de su junta de accionistas por el conflicto de las papeleras en Uruguay

 

l Agencia de Crédito de Exportación acusada de falta de transparencia y de diálogo

 

20 de junio - Madrid - La campaña ¿Quién debe a quién? -con el apoyo de Ecologistas en Acción, Observatorio de la Deuda en la Globalización, Greenpeace, OMAL y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina- denuncian hoy la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) por el posible apoyo que brindaría a la construcción de una planta de celulosa sobre el Río Uruguay por la papelera ENCE.

 

ENCE ha solicitado para la operación el apoyo de la Corporación Financiera Internacional, del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de CESCE. El proyecto ha generado un gran conflicto en Uruguay y más allá de sus fronteras -sobre todo en Argentina- debido a sus posibles impactos ambientales y sociales futuros y a las irregularidades en su tramitación. 

 

CESCE publicó hace tres meses, que está considerando apoyar económicamente el proyecto, con una póliza de seguro con garantías del Estado, esencial para atraer a otros inversores al emprendimiento. Nuestra denuncia contra CESCE se presenta después que Argentina alegó en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, pidiendo Medidas Cautelares en contra de Uruguay, para forzar el cese de obras de las papeleras. También se supo que el Punto Nacional de Contacto finlandés de la OCDE -los contactos en los diferentes ministerios para las inversiones extranjeras de las empresas multinacionales encargados de supervisar el cumplimiento de las códigos de conducta que han firmado los países pertenecientes a la OCDE, entre ellos España- admitió a tramité la denuncia del CEDHA contra las papeleras.

 

Las obligaciones establecidas por la OCDE para las agencias de crédito a la exportación marcan que para los proyectos de alto impacto ambiental (como es el caso) debe hacer pública, 30 días antes de la aprobación del proyecto, la información ambiental con la que CESCE lo está evaluando. En el proyecto de ENCE, deben destacarse que no se está considerando toda la información en la evaluación del proyecto, no se introduce la información en la web y no se facilita. Por tanto, se está omitiendo considerar información conocida públicamente, y realizada por especialistas de reconocido prestigio, o no se está informando adecuadamente de la documentación utilizada para tomar las decisiones. Además la aprobación técnica preliminar del proyecto por parte de CESCE se ha hecho pese a que no se ha consultado a todos los implicados. 

 

No existe información pública sobre el proceso de evaluación, en particular no se informa sobre en qué momentos o de qué manera las partes pueden participar en el proceso. El 6 de Junio el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Ecologistas en Acción, Greenpeace y OMAL solicitaron información por escrito sobre este aspecto con la voluntad de participar en el proceso y se les negó la información.

 

Denunciamos que parte de las decisiones en CESCE se toman mediante canales irregulares, por ejemplo mediante reuniones fuera de las oficinas de la empresa, en este caso, en hoteles. Filtraciones del interior de CESCE han hecho públicas la existencia de reuniones de CESCE con miembros de la Corporación Financiera Internacional y ENCE en hoteles y otros espacios fuera de las oficinas dónde se realiza normalmente la actividad empresarial. No existe ninguna información sobre los canales de toma de decisiones ni del resultado de estas reuniones.

 

CESCE se niega a adoptar un mecanismo de gestión que tenga en cuenta su Responsabilidad Social, alejándose así de los principios básicos exigibles a toda entidad que utilice recursos públicos. Dado que CESCE utiliza recursos públicos españoles para eventualmente apoyar al proyecto, numerosos ciudadanos y organizaciones españolas -entre ellos la campaña ¿Quién debe a quién- se consideran parte implicada en el mismo, y por ello solicitaron una entrevista con CESCE en el mes de abril con el fin de informarles de su opinión y aportarles datos obtenidos en un trabajo de evaluación realizada en Uruguay con potenciales afectados. CESCE se ha negado reiteradamente a entrevistarse con este colectivo implicado.

 

Por todo ello presentaremos una denuncia -tanto contra CESCE como contra ENCE- ante el Punto Nacional de Contacto español de la OCDE radicado en el Ministerio de Comercio por violaciones relativas a los capítulos sobre Principios de las Guías, Políticas Generales, Transparencia, Ambiente, Corrupción, Ciencia y Tecnología, y Provisiones Impositivas.

 

Por último, denunciamos al Ministerio de Comercio y al ICO que -pasados dos meses y a pesar de múltiples insistencias- no han contestado a nuestras comunicaciones. El Gobierno español respondió en mayo a una pregunta parlamentaria de CiU sobre la controvertida inversión en las papeleras de Uruguay ni siquiera mencionando el hecho que el Ministerio de Comercio está estudiando si el ICO y CESCE aprueban o no el financiamiento. Recordamos que el Gobierno tiene que cumplir sus obligaciones del artículo 3.7 (entre otros) de la Convención de Aarhus que afirma que "Cada Estado parte (signatario de la Convención) deberá promover la aplicación de los principios de esta Convención en los procesos internacionales de toma de decisión en materia ambiental".

 

Llamamos a la CESCE y al Gobierno español que retire su consideración de apoyar económicamente a la operación de ENCE, considerando los múltiples y crecientes problemas encontrados en los diversos estudios de impacto ambiental y social presentados por ENCE y por la CFI.

 

Más información: Tom Kucharz, Ecologistas en Acción (619 94 90 53), Miquel Ortega, Observatorio de la Deuda en la Globalización (669 48 14 62)





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