[Deuda-2005] ¿De acuerdo con firmar nuevo manifiesto de la Red OWINFS?

[Ecologistas en Acción]

  FRENEMOS LA GLOBALIZACIÓN DE LAS TRANSNACIONALES:
OTRO MUNDO ES POSIBLE
   
  Declaración de unidad política de la Red
‘NUESTRO MUNDO NO ESTÁ EN VENTA’
   
  Introducción: nuestro desafío
  ‘Nuestro Mundo No Está en Venta’ es una red mundial de organizaciones, activistas y movimientos sociales abocados a combatir los acuerdos de comercio e inversiones que promueven la globalización orientada por las transnacionales y benefician a las empresas más poderosas del mundo a costa de los pueblos y el medio ambiente.
  Contra ese proceso de globalización orientada por las transnacionales, sostenemos la visión de una economía mundial fundada en principios de justicia económica, sustentabilidad ecológica y responsabilidad democrática –una economía que privilegie los intereses de los pueblos y las personas antes que los de las empresas. Una economía erigida en torno a los intereses de los verdaderos productores y consumidores –trabajadores, campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales, pequeños y medianos  productores—y las necesidades de quienes se encuentran marginados por el sistema imperante, como es el caso de las mujeres y los pueblos indígenas.
  Creemos que un sistema justo debe proteger y no socavar la diversidad cultural, biológica, económica y social; priorizar la economía y el comercio local; salvaguardar los derechos ambientales, culturales, sociales y laborales reconocidos internacionalmente; restituir la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y proteger los procesos democráticos de toma decisiones a escala nacional y subnacional.
  A diferencia del conjunto de valores, prioridades y políticas del mismo talle para todos impuesto por organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y procesos internacionales de solución de controversias comerciales que no son responsables ante nadie, la democracia no es tan sólo la realización de elecciones, sino un sistema de gobierno en el que el pueblo tiene el control de los asuntos que afectan directamente la vida de la gente. Democracia significa no estar sujeto a mecanismos de decisión velados, carentes de transparencia y que no le rinden cuentas a nadie, tales como los procesos de solución de controversias de la OMC. La democracia implica que el pueblo asuma el control de las fuerzas que afectan directamente la vida de la gente.
  Desde su creación en 1995, la OMC ha sido promocionada como una institución que traería mayor prosperidad, aumentaría el empleo, reduciría la pobreza, disminuiría las desigualdades y fomentaría el desarrollo sustentable en todo el mundo mediante la aplicación de más “libre comercio”. Diez años después es innegable que la OMC ha tenido efectos exactamente opuestos.
  El régimen de intercambio comercial administrado por la OMC ha demostrado ser profundamente hostil a cualquier tipo de medida orientada a fomentar el desarrollo, aliviar la pobreza y contribuir a asegurar la supervivencia humana y ecológica a escala local y mundial. Amparadas tras el disfraz del “libre comercio”, las reglas de la OMC son utilizadas para forzar la apertura de nuevos mercados y para librarlos al control de las empresas transnacionales.
  Al mismo tiempo, las grandes potencias comerciales han intentado utilizar la OMC para promover y consolidar en manos de empresas transnacionales el control de las actividades económicas y sociales en esferas que trascienden el comercio, tales como el desarrollo, las inversiones, la política de competencia, la prestación de servicios sociales, la protección del medioambiente y la contratación pública o compras del Estado.
  La liberalización a gran escala en estas esferas obligará a los países en desarrollo a renunciar a muchos de los instrumentos de desarrollo económico que fueron utilizados por los países industrializados para fortalecer sus economías y generar empleo. Es más, las disposiciones vigentes en la OMC –así como las que se están negociando actualmente en su seno—pueden efectivamente ‘perpetuar’ los programas de “ajuste estructural” del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tornándolos irreversibles.
  De otra parte, los mecanismos de gobierno y toma de decisiones utilizados en la OMC son célebres por su recurso a las amenazas, el engaño y la manipulación, y por su falta de transparencia y el carácter excluyente y antidemocrático de sus procesos.
  Los efectos destructivos sociales, políticos y ambientales del modelo neoliberal de globalización pro-empresarial son los que han despertado resistencia creciente entre un espectro amplio de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo, incluso durante las Cumbres de la OMC en Seattle, Doha, Cancún y  Hong Kong.
  Nuestro Mundo No Está en Venta forma parte de ese movimiento mundial de resistencia.
  Diez años después de su creación, ha quedado en evidencia que la posibilidad de conseguir que la OMC se encamine en dirección a un programa de reformas positivas es mínima, si no nula. Es absolutamente necesario cambiar. El sistema imperante hoy en día es tal que:
    
   se están perdiendo empleos y medios de vida, los derechos humanos están amenazados, se ha saqueado el medioambiente y los sistemas democráticos están debilitados; 
    
   se está socavando a las economías locales y nacionales; y los trabajadores, campesinos, agricultores familiares, consumidores, mujeres y pueblos indígenas son quienes resultan más desfavorecidos y explotados; 
    
   a los gobiernos se les está restando capacidad –y a veces incluso se les está privando de ella—para garantizar el acceso a los medios esenciales de vida, para promover la salud, la seguridad y la soberanía alimentaria y para proteger la diversidad cultural y biológica. 
  Los resultados negativos del sistema económico mundial imperante están dando impulso a movimientos democráticos en todo el mundo que reclaman cambios a través de las urnas y la movilización callejera. Las autoridades electas de muchos países han perdido la fe en el sistema actual de gobernanza económica mundial. Cada vez con mayor frecuencia, algunos de los economistas y tecnócratas que crearon y respaldaron este sistema están empezando a cuestionarlo, ya que los resultados han demostrado ser casi antagónicos a lo prometido. Todo esto ocurre en un contexto de desigualdad creciente –tanto entre las naciones como dentro de cada país—y de resurgimiento del militarismo.
  Tenemos que oponer resistencia y rechazar las pretensiones de la OMC de liberalización forzosa del comercio mundial según modalidades nocivas para la justicia económica, el bienestar social, la equidad de género y la sustentabilidad ecológica. Es imperativo restringir el poder y la autoridad de la OMC y hacerla retroceder de muchas esferas en las que se ha impuesto forzosamente como en la agricultura, los servicios y los derechos de propiedad intelectual.
  Al mismo tiempo, para evitar el panorama cada vez más recurrente de catástrofe social y ecológica, tenemos que crear nuevas instituciones para facilitar el comercio, la producción y la distribución para el bien común.
  Necesitamos reemplazar el régimen actual de comercio –del que forman parte tanto la OMC como otros acuerdos regionales y tratados bilaterales de comercio e inversiones—con un nuevo sistema de comercio socialmente justo y ecológicamente sustentable para el siglo XXI.
  Nuestras metas
  Desde 1998, los miembros de la red Nuestro Mundo No Está en Venta han cooperado entre sí compartiendo análisis, diseñando estrategias y coordinando acciones a escala internacional con el fin de fomentar el desarrollo de economías alternativas, justas y sustentables.
  Dedicamos nuestros esfuerzos al desarrollo de un nuevo sistema de comercio sometido al control democrático, que contribuya al avance de la justicia económica, el bienestar social, la equidad de género y la sustentabilidad ecológica, y que provea empleo digno y los bienes y servicios necesarios para todas las personas.
  Apoyamos el desarrollo de economías locales vibrantes y los derechos de los trabajadores, campesinos, migrantes, agricultores familiares, consumidores, mujeres y pueblos indígenas. Consideramos que la autodeterminación de los pueblos no debe estar subordinada a compromisos comerciales internacionales. Entre otras cosas, eso requiere que los procesos y mecanismos de decisión y ejecución a todos los niveles de gobierno sean democráticos, transparentes e incluyentes.
  Reconocemos que un sistema de comercio internacional socialmente justo tiene que darle prioridad a los derechos y bienestar de los trabajadores, campesinos, migrantes y agricultores familiares que producen nuestros bienes, servicios y alimentos.
  Exigimos que los gobiernos y las agencias internacionales cesen su embestida contra los derechos fundamentales de los trabajadores, que desistan de anular las conquistas logradas por la lucha de los trabajadores, que frenen el debilitamiento de la seguridad laboral y la nivelación hacia abajo de los salarios, y reclamamos que fortalezcan los derechos de los trabajadores en todo el mundo.
  Nos oponemos a los acuerdos y negociaciones de liberalización comercial que privan a las comunidades indígenas y locales del acceso a los recursos naturales de los que dependen para su supervivencia, garantizándoselo en cambio a las empresas.
  Es también imprescindible que se respeten, fomenten y ejerzan otros derechos humanos fundamentales, empezando por la autodeterminación de los pueblos indígenas y la dotación pública y acceso universal a servicios sociales básicos como la educación, la salud, el agua potable para uso humano y la seguridad y soberanía alimentaria.
  La integridad ecológica tiene que ser asimismo una meta de un sistema mundial de comercio transformado. Eso implica, entre otras cosas, que se tiene que regular el comercio y las inversiones de manera tal que se revierta el recalentamiento de la Tierra; los acuerdos multilaterales sobre medioambiente tienen que gozar de primacía frente a los acuerdos comerciales; no se puede permitir que los acuerdos comerciales arrastren y nivelen hacia abajo las normas ambientales; el derecho de las personas y los pueblos a rechazar los organismos genéticamente modificados tiene que respetarse, al igual que el derecho a preservar las semillas diversas de los agricultores y los bosques primarios, y promover el bienestar animal.
  Qué nos proponemos
  Apuntalar el derecho de elección de los pueblos: autodeterminación, democracia y desarrollo
  Reafirmamos el derecho fundamental de todos los países a ejecutar políticas económicas y productivas que fortalezcan el desarrollo económico genuino, generen empleos dignos y protejan los medios de vida y vigoricen el medioambiente. Todos los países, y particularmente los más empobrecidos, tienen que gozar del derecho a optar por la aplicación de políticas (tales como las disposiciones relativas al ‘contenido nacional’) que apunten a incrementar la capacidad de sus propios sectores productivos, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Los países deben asimismo conservar la capacidad (o espacio político) para modelar estrategias económicas y ambientales de desarrollo al servicio de los sectores más vulnerables de su población. El envión en pos de la “coherencia” entre las instituciones internacionales se ha convertido en un medio para denegar ese espacio político: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y algunos países donantes obligan a los gobiernos a aplicar
 políticas neoliberales mientras que la OMC y otros acuerdos de comercio e inversiones las perpetúan tornándolas irreversibles.Por ello:
    
   Nuestro Mundo No Está en Venta exige el fin de las prácticas secretas y coercitivas que se han transformado en el sello distintivo de las negociaciones comerciales, especialmente en la OMC, donde un puñado de gobiernos poderosos –actuando a menudo en nombre de sus elites empresariales—coaccionan a otros gobiernos más débiles para alcanzar sus objetivos. 
    
   Hay que impedir que los aranceles aduaneros y otras medidas comerciales sean desmantelados, dejando las economías locales y nacionales –en particular aquellas de los países más empobrecidos y/o los sectores económicos más débiles—libradas a la merced de las empresas transnacionales y poniendo en riesgo el desarrollo económico local y nacional, las leyes y normas laborales, el medioambiente y la salud pública y de los consumidores. 
    
   No podemos permitir que las negociaciones de “libre comercio” en la OMC y otras instancias continúen funcionando cual caballo de Troya para garantizarle reglas favorables a las empresas en materia de inversiones, política de competencia, contratación pública y compras del Estado, acceso al mercado, producción agropecuaria, reglamentación nacional de los servicios y derechos de propiedad intelectual. Tampoco se puede permitir que siga rigiendo la dinámica actual de fuerzas según la cual los países ricos industrializados le imponen su agenda económica de prioridades a los países más empobrecidos. 
    
   Hay que impedir que los ajustes estructurales y las condicionalidades de la deuda sigan usándose para imponerle la liberalización del comercio a los países del tercer mundo y otros. Es imprescindible que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo anulen todas las deudas que aún mantienen con ellos los países en desarrollo y en transición, de manera tal que estos puedan reasignar esos fondos a la satisfacción de las necesidades apremiantes de su población. 
  Garantizar la primacía de los derechos sociales y el medioambiente
  Sostenemos que proteger y extender los derechos sociales, satisfacer las necesidades básicas y proteger nuestro medioambiente es esencial para la vida. Es inadmisible que las reglas de la OMC y de otros acuerdos de ‘comercio’ los socaven.Por ello:
    
   Ningún acuerdo comercial o de inversiones debe socavar o tener primacía sobre los acuerdos internacionales que promueven la justicia social, económica y ambiental, entre ellos, mas no exclusivamente:     
      la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo (que abarca los cuatro derechos laborales fundamentales);   
      el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Bioseguridad y otros acuerdos multilaterales sobre el medioambiente;   
      la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios a ella asociados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;   
      el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas;   
      la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y   
      la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

    
   Los gobiernos deben conservar el derecho soberano a determinar cómo regulan sus servicios de manera tal que se satisfagan las necesidades de su población, su economía y sociedad y que se honren sus demás obligaciones internacionales y constitucionales, entre ellas aquellas de cara a las mujeres, los pueblos indígenas, los jóvenes y niños, los adultos mayores y los pobres. 
    
   El derecho de los gobiernos a aplicar el principio de precaución con el fin de proteger la salud pública, el medioambiente y la agricultura frente a riesgos desconocidos tiene que primar sobre cualquier acuerdo o disposición comercial. 
    
   Es imperativo evitar cualquier recorte arancelario que perjudique al medioambiente y el desarrollo sustentable como resultado del crecimiento inadecuado del comercio de recursos naturales y otros bienes sensibles desde el punto de vista ambiental. 
    
   Hay que frenar el debilitamiento de la ONU a manos de las pro-empresariales instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y FMI), la OMC y las grandes potencias, y fortalecer el sistema de acuerdos y agencias de Naciones Unidas. 
  Proteger los servicios esenciales
  Adherimos al principio fundamental de que ningún acuerdo comercial o de inversiones debe vulnerar el derecho soberano de los gobiernos a garantizar el acceso de la población a los bienes esenciales para la vida, y a promover la salud y bienestar de sus pueblos  y proteger el medioambiente.Por ello:
    
   No se debe presionar a los países a aceptar reglas de comercio que coarten el ejercicio de esa soberanía, ya sea a través de la OMC y su Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS o GATS, por su sigla en inglés) o a través de otros acuerdos regionales o bilaterales.  
    
   Es imprescindible excluir explícitamente de todos los acuerdos de comercio e inversiones a  todos aquellos sectores directamente asociados a dichos servicios esenciales, entre ellos los de salud, educación, cultura audiovisual, asistencia social, agua potable y energía. 
    
   Las reglas relativas a la reglamentación nacional, los subsidios y la contratación pública de servicios obstaculizan por su propia naturaleza el ejercicio de ese derecho soberano, y no se las debería incluir en los acuerdos de comercio e inversiones. 
  Hoy en día se está ejerciendo muchísima presión sobre los países para que sometan sus servicios esenciales a las reglas del AGCS cuyo efecto es promover las privatizaciones. Por otra parte, cuando un país que es o ha sido víctima de la desregulación y privatización de sus servicios esenciales en cumplimiento de las exigencias de “ajuste estructural”, asume compromisos con arreglo a las reglas del AGCS, dichas reglas sirven para perpetuar esas privatizaciones tornándolas irreversibles. El AGCS fomenta de ese modo la apertura de los mercados nacionales y el ingreso de empresas transnacionales, y promueve así el avance del modelo económico neoliberal.Por ello:
    
   Es imperativo retraer esas exigencias de ajuste estructural, no perpetuarlas, y hay que impedir que los nuevos préstamos o donaciones a los países sean condicionados al cumplimiento de dichas exigencias, del mismo modo que hay que objetar que se presione a los países para que sometan sus servicios esenciales a las reglas del AGCS. 
  Defender el conocimiento, la cultura y las formas de vida como esencia de la civilización
  Consideramos el conocimiento, la cultura y la educación como fuerzas motrices de la civilización que no pueden ser reducidas a meras mercancías comerciables o propiedad privada.
  No existe ningún fundamento legítimo para la inclusión de reclamos de propiedad intelectual en un acuerdo de comercio. Más aún, todos los países tienen la responsabilidad y la obligación de proteger la salud pública y el bienestar de sus ciudadanos. Las reglas de propiedad intelectual vigentes en los acuerdos comerciales, tales como el acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ( ADPIC), obstruyen el acceso de los pueblos a medicamentos vitales, semillas y otros bienes esenciales, conducen a la destrucción de la biodiversidad y la apropiación privada de los seres vivos y el conocimiento tradicional. Además le impiden a los países empobrecidos elevar sus niveles de bienestar económico y social y defender su singularidad identitaria y su patrimonio.Por ello:
    
   Los gobiernos deben conservar el derecho irrestricto a limitar los derechos de propiedad que confieren las patentes, a fin de proteger el interés público y el bien común en esas esferas, especialmente con relación a los medicamentos, las semillas y los seres vivos y sus partes. 
    
   El patentamiento  de formas de vida, incluso microorganismos, tiene que prohibirse en todas las legislaciones nacionales e internacionales. 
    
   Tenemos que defender la diversidad cultural genuina contra el impacto homogenizador de los mercados mundiales y los monopolios del conocimiento, la tecnología y las telecomunicaciones. 
  Preservar y extender la seguridad y soberanía alimentaria
  Sostenemos que el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental. El Acuerdo Agrícola de la OMC subordina este derecho al lucro empresarial. La OMC fomenta un sistema alimentario fundado en una agricultura industrializada de exportación e intensiva en inversión de capital, que está profundizando la concentración empresarial a lo largo de toda la cadena alimentaria a la vez que socava el sustento, los derechos, la salud y las condiciones de vida y laborales de los trabajadores agrícolas y de la alimentación, minando así aún más la seguridad alimentaria.
  Además no admite ni reconoce que la agricultura es un modo de vida y un cimiento importante de la comunidad y la cultura. En consecuencia, sus políticas y aquellas de otros acuerdos comerciales alientan una concentración mayor y acrecientan el poder de las empresas transnacionales y provocan la expulsión de millones de campesinos, agricultores familiares y trabajadores agrícolas que son despojados de sus tierras y excluidos de la producción en los países del Norte y del Sur. Desde que se iniciaron los programas de “ajuste estructural” y se creó la OMC, muchos campesinos, agricultores familiares y trabajadores agrícolas han sido desplazados de la tierra y sufrido hambre, empujando a muchos de ellos al suicidio debido a la liberalización de la agricultura mediante recortes arancelarios, la abolición de las restricciones cuantitativas y la aplicación de políticas nacionales agropecuarias inequitativas. Al mismo tiempo, muchos subsidios que benefician al agronegocio –incluso a la
 agricultura industrial de exportación—se  han incrementado en lugar que recortado.
  Por otra parte, mientras estas reglas le permiten a las empresas comercializadoras crecientemente poderosas presionar hacia abajo los precios que se le paga a los agricultores de todo el mundo por sus productos, la concentración de la distribución y procesamiento de alimentos alentada por las reglas de la OMC para la agricultura y los servicios han llevado a un aumento de los precios al consumidor. Por ello:
    
     Para evitar una escalada mayor de hambre, desplazados y muertes, es imperativo que se emprendan acciones inmediatamente para restringir las políticas agrícolas, de comercio e inversiones que estimulan la superproducción crónica, y prohibir eldumpingde productos agrícolas en los mercados mundiales a precios por debajo del costo de producción, practicado por las grandes empresas transnacionales agroalimentarias y otros agentes que intervienen en el comercio mundial agropecuario. Hay que prohibir los subsidios directos e indirectos a las exportaciones que conducen aldumping. Los países deben conservar y  reafirmar su derecho soberano a proteger sus mercados y sectores agrícolas contra eldumping, y poder así aplicar medidas que activa y efectivamente brinden apoyo a la producción sustentable fundada en la agricultura familiar y campesina.
  
     Es preciso tomar medidas que fomenten y protejan la soberanía alimentaria de los pueblos (el derecho de los pueblos y las comunidades a definir sus propias políticas alimentarias y agrícolas, así como el derecho a producir sus alimentos básicos de forma tal que se respete la diversidad cultural y productiva y se apoye la producción campesina y la agricultura familiar), la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria (tanto de los consumidores como de los productores). 
  
     Las medidas que sólo competen a la producción para el consumo nacional y que no contribuyen a incrementar las exportaciones a mercados internacionales deben quedar eximidas de cualquier acuerdo internacional de comercio. Hay que impedir que el sistema de comercio socave el sustento de los campesinos, agricultores familiares, trabajadores agrícolas, pescadores artesanales y pueblos indígenas.
  
     Consideramos que el ejercicio de la soberanía y seguridad alimentaria y el desarrollo de una agricultura sustentable de base familiar y campesina, le exige a los gobiernos reconocer la imperfección y fallas de los principios de libre comercio que fundamentan tanto la teoría de ventajas comparativas percibidas, como el desarrollo de la agricultura orientada a la exportación y las políticas de “ajuste estructural”; y que sustituyan esas políticas por otras que le den prioridad y protejan a la producción local, de subsistencia y sustentable, utilizando a tal efecto medidas de control a las importaciones y reglas que garanticen métodos de producción sustentable más equitativos.
  
     Para garantizar el logro de estos objetivos se requerirán diversos acuerdos, probablemente entre ellos una convención sobre soberanía alimentaria y agricultura sustentable, y una declaración sobre los derechos de los agricultores campesinos y familiares. Con su enfoque actual de liberalización del comercio a cualquier costo, ni la OMC ni ningún otro “tratado de libre comercio” son en última instancia el lugar adecuado para tales reglas, razón por la cual se debe fortalecer otros espacios alternativos para discutirlas.

  Frenar la globalización orientada por las transnacionales y promover la justicia en el comercio

Las reglas de comercio de la OMC, así como las que emanan de muchos otros acuerdos comerciales regionales vigentes o actualmente en negociación, promueven el poder corporativo de las grandes empresas en la economía mundial proporcionándoles nuevos derechos de protección a las inversiones, de propiedad intelectual y otros. Al mismo tiempo, esas reglas perpetúan las políticas neoliberales de privatización y desregulación tornándolas irreversibles. Todo esto está disfrazado de “libre comercio”. Este desequilibrio de poder sirve y promueve los intereses económicos mezquinos de algunos pocos gigantes de la economía mundial, a menudo con efectos devastadores para las economías locales y nacionales, particularmente en los países en desarrollo.
  Este poder empresarial corporativo se está fortaleciendo a través de tratados y acuerdos regionales y bilaterales de comercio e inversiones, cuyas reglas poderosas promueven derechos corporativos para las empresas y constituyen una seria amenaza a la autoridad gubernamental democrática nacional. De conformidad con algunos acuerdos, de hecho, las empresas extranjeras pueden ahora demandar a los gobiernos nacionales por “lucro cesante” si cualquier ley o reglamentación del país reduce sus ganancias actuales o futuras. Los derechos ambientales, laborales y sociales quedan todos subordinados al derecho de las empresas a lucrar. Es imprescindible revertir esta tendencia.
  Habiendo frustrado con éxito el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que hubiera consagrado tales derechos empresariales corporativos, reclamamos que se le ponga fin a la artimaña empresarial de fomento a la expansión rápida y aventurada de acuerdos regionales y bilaterales de comercio e inversiones como estrategia para apuntalar a la OMC desfalleciente. Asimismo exigimos el cese de cualesquier reglas de comercio que garanticen el derecho de  las empresas a lucrar sometiendo a las políticas regulatorias nacionales a demandas y reclamos de indemnización pagaderos con fondos públicos.
  Para empezar a movernos hacia un sistema justo de comercio, exhortamos a los gobiernos a negociar un acuerdo vinculante que garantice que las empresas rindan cuenta democráticamente de sus actos y sus impactos sociales, económicos y ambientales, incluso del papel que algunas juegan en apoyo a regímenes represivos y el comercio de armas. Este acuerdo debe negociarse a través de la ONU  y otros organismos especializados, con participación plena de la sociedad civil.
  De otra parte, convocamos a las organizaciones y movimientos de la sociedad civil a emprender un diálogo mundial de la sociedad civil tendiente a desarrollar un sistema de comercio alternativo, justo y sustentable en sustitución del modelo neoliberal –un sistema que promueva genuinamente un desarrollo sustentable favorable a los pueblos y fundado en sus derechos básicos, y que ponga en primer lugar a las comunidades.
  Estamos abocados a la construcción de un sistema de comercio sometido al control democrático, ecológicamente sustentable y socialmente justo. Por lo tanto, como primer paso, exigimos que nuestros gobiernos implementen los cambios enumerados en este documento con vistas a restringir y revertir el poder y la autoridad de la OMC y reorientar el comercio para crear un sistema justo. Nos comprometemos a movilizar a la población de nuestros países, en las distintas regiones y en todo el mundo para luchar por estas demandas y combatir las políticas injustas de la OMC y el sistema general de comercio multilateral.
  Las opciones que tenemos son tajantes: o aceptamos el orden mundial imperante centrado en las empresas e hipotecamos el bienestar de las generaciones venideras y el futuro mismo del planeta, o asumimos el difícil desafío de encaminarnos hacia un sistema nuevo centrado en las necesidades de los pueblos, las comunidades y el medioambiente.



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