[REpensar Barcelona] 'promotor y alcalde'

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TRIBUNA: ANTÓN COSTAS
Promotor y alcalde
ANTÓN COSTAS 28/11/2006
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Promotor/alcalde/elpepuespcat/20061128elpcat_4/Tes/

¿Cuáles son las causas de esa gangrena creciente que es la corrupción
urbanística municipal, de tal magnitud que hasta el mismísimo presidente
ruso, Vladimir Putin, se ha permitido el lujo de utilizarla públicamente
en las cumbres europeas para sacarse de encima la acusación de corrupción
a su Gobierno? ¿Será el resultado inevitable de haber transferido las
competencias urbanísticas a los Ayuntamientos? Si es así, ¿no sería
conveniente sacárselas y devolvérselas al Estado? Eso es lo que sugieren
algunos analistas que, aprovechando la corrupción, quieren iniciar un
viaje de vuelta en la distribución de competencias que hizo la
Constitución. Pero no estoy seguro de que esa conclusión sea el resultado
de un buen análisis de las causas de la corrupción municipal.

Imagine que vive en un país en el que el ministro de Industria es, a la
vez, el presidente de una de las principales empresas industriales que él
regula, o que la ministra de Vivienda es, a la vez, consejera delegada de
una empresa de promoción inmobiliaria, beneficiada por sus propias
decisiones; o, que un inspector fiscal es el asesor de la empresa a la que
tiene que investigar. ¿Qué diría si le preguntasen su opinión sobre estas
situaciones? ¿Como reaccionaría en su condición de ciudadano?

Seguramente pensaría que es inadmisible, impropio de un estado de derecho.
Que eso sólo ocurre en un país bananero, donde lo público se confunde con
lo privado. O, más bien, donde no existe frontera entre esos dos espacios.
Seguramente, como ciudadano exigente, pediría la dimisión de los políticos
implicados, a la vez que apoyaría el establecimiento de unas reglas claras
de incompatibilidad que impidan el desarrollar a la vez las funciones de
regulador y regulado.

Imagine ahora que el alcalde de una ciudad de un país cualquiera, o el
teniente de alcalde encargado del urbanismo, es, a la vez, promotor
inmobiliario con interés en unos terrenos que él mismo, como alcalde,
puede recalificar. Lo lógico sería suponer que existen unas reglas claras
de incompatibilidad que impiden esa duplicación de funciones, el ser juez
y parte a la vez.

En este caso no estamos hablando de ningún país bananero, sino de nuestro
país. Parece sorprendente, pero así es. Hemos aceptado, sin cuestionarlo,
que el zorro pueda ser el encargado de cuidar a las gallinas.

Naturalmente, no estoy sugiriendo que todos los alcaldes que son a la vez
promotores sean unos corruptos. Ni tampoco que la única causa de la
corrupción municipal sea esa identificación entre intereses privados y
público. Hay otras, como el hecho de que el urbanismo sea una de las
fuentes de financiación de los ayuntamientos. Pero esa asociación entre
promotor y alcalde nos pone en la pista de algo esencial, algo que es la
madre de la corrupción urbanística: la ausencia de las más mínimas normas
legales que impidan la colusión en este ámbito entre intereses privados e
intereses generales. Esta ausencia de reglas de incompatibilidad es la que
ha favorecido una cierta berlusconización de la vida política municipal
española.

Las consecuencias de este vacío legal no fueron muy graves mientras no
hubo campo para otra cosa que no fuese alguna pequeña alcaldada
relacionada con alguna recalificación menor, contrato de obra o
suministro. Pero las cosas cambiaron a finales de la década de 1990,
cuando coincidieron dos hechos diferentes que facilitaron la corrupción
que ahora vemos.

Se trata, por un lado, de la sentencia del año 1997 del Tribunal
Constitucional, que, a petición de varias comunidades autónomas, incluida
la Generalitat, anuló prácticamente -declarándola inconstitucional- la ley
de 1990 sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones de Suelo. Esa
sentencia dejó en manos de los ayuntamientos amplias competencias
urbanísticas. Por otro lado, el cambio de la peseta por el euro hizo que
la demanda de segundas viviendas en España se disparase, tanto por parte
de españoles (como consecuencia de la espectacular caída del precio del
dinero), como de los europeos (consecuencia de la desaparición del riesgo
de tipo de cambio).

Todo estaba preparado para que surgiese la gran corrupción. Primero,
existía demanda de recalificación de suelo para atender a la fuerte
demanda de segundas viviendas. Segundo, los ayuntamientos tenían amplias
competencias para recalificar suelo de forma bastante discrecional, y sin
mucha transparencia pública. Y, tercero, prácticamente no había ningún
tipo de regla de incompatibilidad que impidiese al zorro encargarse de las
gallinas. Y la corrupción surgió.

Para algunos, como he dicho al principio, esa corrupción es un resultado
lógico de la proximidad que existe entre el que tiene interés en
recalificar y el que tiene la capacidad de hacerlo. Parece responder a lo
que predice la teoría de la captura del regulador (alcalde) por el
regulado (promotor), que manejan los economistas. La solución, desde ese
punto de vista, es poner distancia por medio, sacar las competencias a los
ayuntamientos y devolverlas a Madrid, al Gobierno del Estado, deshaciendo
el entuerto creado por el Tribunal Constitucional en la sentencia
mencionada.

Pero no creo que eso sea la consecuencia de un buen análisis. Porque,
vamos a ver, si la solución fuese sólo poner distancia por medio, ¿por qué
no llevar las competencias a Bruselas en vez de a Madrid? De hecho, muchos
valencianos han recurrido ya a las autoridades comunitarias para tratar de
anular los desaguisados urbanísticos de la Generalitat valenciana.

La solución pasa por dos tipos de acciones, ambas necesarias. En primer
lugar, diseñar un sistema de incompatibilidades que impidan a las
autoridades ser juez y parte en materia urbanística, así como un sistema
de controles, tal como existe ya para los políticos y altos funcionarios
del Estado. En segundo lugar, hay que exigir total transparencia al
ejercicio del monopolio municipal sobre los usos del suelo, dando a los
ciudadanos los instrumentos legales para obligar por ley a que las
autoridades municipales aporten, en tiempo y forma, toda la información
que se les reclame sobre el planeamiento urbanístico.

Se trata, en definitiva, de eliminar las causas de la berlusconización de
la vida municipal, no de vaciar de competencias urbanísticas a los
ayuntamientos.