En este documento comparamos las demandas que hicimos en los mails que enviamos a diputados/as y gobierno y cómo han quedado dichas demandas en el Dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores que se someterá a votación en el Pleno del Congreso el próximo jueves 22 de junio:

1. Que esta ley recoja el principio de corresponsabilidad entre acreedores y deudores como punto de partida por entender el tratamiento de la deuda externa. 

LA CORRESPONSABILIDAD DE POLÍTICAS EN LA GENERACIÓN DE LA DEUDA NO APERECE, NI EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS NI EN EL ARTICULADO DE LA LEY NINGUNA MENCIÓN A LA MISMA. Por lo contrario, de lo que se entiende en los PÁRRAFOS SEXTO y DÉCIMO de la exposición de motivos y en los ARTÍCULOS TERCERO A y E, la responsabilidad de la situación de sobreendeudamiento es fruto de malas políticas llevadas a cabo por los países deudores. De esta manera, no se establece ningún tipo de mecanismo de corresponsabilidad por parte del Estado español en la generación de la deuda de estos países. 

2. Que esta ley elimine la condicionalidad en el tratamiento de la deuda a la aplicación de determinadas medidas de políticas económicas. La única condicionalidad admisible debe ser destinar los recursos liberados por las cancelaciones de deudas legítimas a la reducción de la pobreza y las desigualdades. 

EN CUANTO A LA CONDICIONALIDAD, AUNQUE LA LEY VINCULA LA GESTIÓN DE LA DEUDA CON LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA (en la exposición de motivos, los artículos primero 2, tercero c), y séptimo) ESTA VINCULACIÓN NO ES DE IGUALES YA QUE SE CONTINÚA SUPEDITANDO A CRITERIOS ECONÓMICOS. Así queda reflejado en los PÁRRAFOS SEXTO (‘…evitar que, desde una perspectiva financiera, se den situaciones de riesgo moral, selección adversa y falta de disciplina macroeconómica’) Y DÉCIMO DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (principios de condicionalidad y sobreendeudamiento), EN LOS ARTÍCULOS PRIMERO 2, TERCERO C, ARTÍCULO QUINTO 6 (con respectivas referencias a la consistencia de las políticas de deuda con las de la Hacienda pública y el marco presupuestario español),  ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO TERCERO A (respeto a la estabilidad financiera, obligaciones contractuales, actuaciones sólo en casos de sobreendeudamiento), TERCERO E (principio de condicionalidad en el que se refleja que debe ser el país deudor quien ha de solucionar los desequilibrios que le condujo a una situación de endeudamiento que requiera de tratamientos excepcionales) Y SÉPTIMO 2 (políticas de tratamiento de deuda en función de la capacidad de pago de los países deudores).

3. Que esta Ley contemple la coherencia de políticas, con el objetivo que la gestión de la deuda dependa del Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación. 

En cuanto a la COHERENCIA DE POLÍTICAS Y COMPETENCIAS MINISTERIALES, aunque se explicita, tanto en la exposición de motivos como en el articulado la voluntad de establecer criterios de coherencia entre ministerios (párrafo 12 de la exposición de motivos, artículos TERCERO c y SÉPTIMO 3) EXISTE UNA ‘AMBIGÜEDAD’ INNECESARIA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO QUE DEJA A VOLUNTAD DEL GOBIERNO DE TURNO QUIEN DEBE OSTENTAR DICHA COMPETENCIA.  CONSIDERAMOS QUE DICHA ATRIBUCIÓN DEBERÍA RECAER EN EL MÁXIMO ÓRGANO COMPETENTE DEL MINISTERIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
4. Que esta Ley promueva la total transparencia de información sobre el origen de la deuda, los beneficiarios de los créditos otorgados, los impactos que estos comportan para los pueblos del Sur y su entorno, así como los responsables directos de estos impactos. 

Por lo que se refiere a la TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN, aunque con el actual redactado se avanza en este sentido y el Dictamen incluye el ‘objeto del contrato’ SE ECHA DE MENOS UNA VOLUNTAD CLARA DE DAR TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. NO EXISTE VOLUNTAD PARA DETALLAR EL NOMBRE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS O ASEGURADOS, LAS EMPRESAS BENEFICIADAS, LAS FECHAS EN LAS QUE SE APRUEBA Y SE FINANCIA O ASEGURA EL PROYECTO, LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN O SEGURO, LOS ESTUDIOS PREVIOS A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO Y LOS ESTUDIOS O ANÁLISIS EXISTENTES SOBRE EL IMPACTO DEL PROYECTO. 

5. Que esta Ley promueva las auditorías de deuda desde el Norte, participadas con la sociedad civil (tanto del Norte como del Sur), para todos los países endeudados con la Administración española, con objeto de conocer en qué grado la deuda con el Estado español es legítima. Este proceso requeriría una moratoria del cobro de la deuda, la cancelación inmediata de las deudas ilegítimas y el enjuiciamiento de sus responsables, tal y como dicta la Sentencia del Tribunal Internacional de Opinión sobre deuda externa, celebrado en Madrid el pasado 22 de octubre. 

NO SE ESTABLECEN MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE LA GENERACIÓN DE LA DEUDA, NI LA GENERADA EN EL PASADO, NI PARA PREVENIR LA REPETICIÓN DE CASOS DE ENDEUDAMIENTO ILEGÍTIMOS EN EL FUTURO. 

6. Que esta Ley articule los mecanismos necesarios para asegurar la participación activa de la sociedad civil (tanto la de el Estado español como la de los países endeudados) en la definición y seguimiento de la gestión de la deuda externa. 

Tal y como se encuentra el redactado actual se han hecho avances parciales en la inclusión de la PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL del Norte en el articulado de dicha ley. Así se recoge que ésta se hará mediante el Consejo de Cooperación. En la exposición de motivos se cita la creación de un subcomité dependiente de dicho Consejo que se ocupará específicamente de temas de deuda, y que analizará todas las cuestiones relativas a los problemas de sobreendeudamiento externo, incluyendo aspectos relativos al origen de la deuda (carácter democrático de los gobiernos que la contrajeron y uso dado a la misma). En el Dictamen se ha incluido en dicho preámbulo la participación de la sociedad civil del Sur. En el articulado de la Ley, en el Artículo 3f se considera que ‘las actuaciones en materia de deuda externa dirigidas a los países de origen de los flujos migratorios que recibe España deberían incluir fórmulas de participación de los propios migrantes, de modo que puedan contribuir al desarrollo de sus países’, pero no se detalla cómo y a través de qué mecanismos se piensa hacer. POR TANTO, NO REGULA ADECUADAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL SUR EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE DEUDA. TAMBIÉN SE ECHA EN FALTA, DENTRO DEL ARTICULADO, LA CREACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y/O VINCULANTES DE ESTE SUBCOMITÉ DE DEUDA DEL QUE SE HABLA EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

7. Que esta Ley prevea la eliminación, reformulación y o/revisión de los mecanismos generadores de deuda todavía vigentes. Así, es necesario reformular y o/eliminar los créditos FAD (contemplando su no contabilización como AOD) y las coberturas realizadas por CESCE, puesto que continúan creando deuda, sin estudios previos ni control de los impactos ambientales y sociales que comportan. Una buena oportunidad para lo cual sería la aceptación a trámite de la Propuesta de Ley de Modificación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para el suyo posterior debate parlamentario.

Por lo que corresponde a la REFORMULACIÓN O REGULACIÓN DE LOS MECANISMOS GENERADORES DE NUEVA DEUDA cabe decir que el Dictamen incluye una Disposición Transitoria única en la que se obliga al Gobierno a “presentar en la presente Legislatura, un Proyecto de Ley que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)”, pero no se pretende regular los SEGUROS CESCE (responsables del 48% de la deuda que terceros países deben al Estado español). TAMPOCO SE DICE QUÉ ASPECTOS SE REGULARÁN CON ESTA LEY, DE MANERA QUE, NO SE OBLIGA AL GOBIERNO A GARANTIZAR QUE CON DINERO PÚBLICO NO SE ESTÁ DANDO APOYO A PROYECTOS CON IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LA POBLACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE Y/O LAS ECONOMÍAS LOCALES DEL SUR.

En cuanto a LA OBLIGATORIEDAD DE NO LIGAR LOS BIENES Y SERVICIOS ESPAÑOLES EN LAS CONVERSIONES DE DEUDA, el Dictamen regula que ‘se fomentará en primer lugar la participación de actores locales, primando el apoyo al tejido productivo y asociativo local, al objeto de que las operaciones de conversión de deuda maximicen el impacto de desarrollo en los países beneficiarios’, lo cual es un avance en relación a anteriores redactados que demuestra que la Inversión Extranjera Directa no tiene porque ser mejor que el fomento de la economía local. No obstante SE CONTINÚAN CONTEMPLANDO LAS CONVERSIONES PRIVADAS, aun sabiendo que en estas operaciones priman los intereses empresariales por encima de las necesidades de la población. Por lo que se nos ha comentado PARECE QUE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA QUIERE QUE SE ELIMINE ESTE APARTADO EL PRÓXIMO 22 DE JUNIO PORQUE DESEA CONTINUAR VINCULANDO LAS CONVERSIONES DE DEUDA A LA COMPRA OBLIGATORIA DE BIENES Y SERVICIOS ESPAÑOLES, POR LO QUE ESTARÍA DANDO UN PASO ATRÁS.